Para el Consejo Electoral lo ‘ideal’ es que el referéndum presidencial se vote en febrero del 2023

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) se espera que el referéndum y posible consulta popular que propone el presidente de la República, Guillermo Lasso, se realice el 5 de febrero del 2023, cuando los ecuatorianos están convocados a las urnas para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .Este jueves, 10 de noviembre, la Corte Constitucional (CC) finalizó el control de constitucionalidad de las ocho preguntas de enmienda a la Constitución que planteó el primer mandatario para convocar un referéndum.Declaró que son constitucionales y no inciden en el pronunciamiento del elector, con excepción de algunos considerandos que fueron inconstitucionales, pero que no afectan el fondo de la iniciativa.La Casa de Gobierno se mostró satisfecha por la respuesta de la Corte Constitucional y anunció que, una vez que cuenten con el dictamen de calificación de las tres preguntas de consulta popular que está en revisión de los jueces, Guillermo Lasso expedirá los decretos ejecutivos correspondientes para unificar un solo texto y enviarlo al Consejo Nacional Electoral para que inicie la organización .El artículo 106 de la carta política aclara que, una vez que el CNE sea notificado con estos decretos, tendrá un plazo de 15 días para convocar este proceso electoral y 60 días para organizarlo .Bajo ese marco legal, la presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaint, consideró que “sería ideal” que la papeleta que contenga las ocho preguntas de referéndum y tres de la consulta popular se vote el 5 de febrero, en conjunto con las papeletas para las seccionales y elección del CPCCS.“Lo ideal sería que estas preguntas ingresen el mismo día en que se harán las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023″, manifestó en declaraciones a periodistas este 11 de noviembre.Para que ello suceda, opinó que Lasso debería notificarles el próximo 22 de noviembre con su propuesta, para “cumplir con los plazos previstos en la ley y así hacer coincidir con las elecciones del 5 de febrero”.Añadió que, si Lasso envía el decreto el 22 de noviembre, “ el 7 de diciembre procederíamos a convocar al referéndum y posible consulta popular con todas las preguntas, para que el 5 de febrero la ciudadanía pueda pronunciarse”.Por el momento, en el interior del organismo se está analizando el presupuesto que esto implicaría, así como la logística.“Tenemos que revisar estos aspectos y estamos haciendo los esfuerzos para que el presupuesto que se requiera sea el mínimo y, de esa forma, le cueste menos al país”, subrayó Atamaint.El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ratificó que aún no han sido notificados con esta propuesta presidencial, pero cree también que la fecha máxima para ello es el 5 de diciembre, para que este referéndum y posible plebiscito se sume al del 5 de febrero.“Así, nos comunica el 5 de diciembre, nos reuniones (el pleno del CNE) el 6 de diciembre y el 7 de diciembre convocamos a elecciones”, precisó.Con ello, se empezará a trabajar en el presupuesto que requerirá, el cronograma de actividades, impresión de papeletas electorales; sobre esto último habrá que, por ejemplo, “renegociar o discutir con el Instituto Geográfico Militar (IGM) la distribución de los paquetes electorales, porque esto incrementará el trabajo”, reflexionó Enrique Pita.Asimismo, dijo que deberá discutirse el diseño de la papeleta, que sea de fácil entendimiento para los electores, así como que no dificulte el escrutinio en las juntas receptoras del voto (JRV) , cuyos miembros tendrán que ser capacitados sobre este proceso electoral que está en marcha.El Gobierno nacional tiene calificadas ocho preguntas que se tramitarán por la vía de enmienda a la carta política en un referéndum. Se refieren a la extradición en delitos relacionados con el crimen organizado internacional; la creación de un Consejo Fiscal en la Fiscalía General del Estado.También, reducir el número de asambleístas; nuevas reglas de control para la inscripción y revisión de los existentes partidos y movimientos políticos; inclusión de un subsistema de protección hídrica; y otorgar una compensación por servicios ambientales.Las otras dos preguntas esenciales de este cuestionario son relativas a eliminar los artículos 208 y 209 de la Constitución, la atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de elegir a las principales autoridades del control del Estado mediante comisiones ciudadanas de selección y, al contrario, que dicha competencia se la traspase a la Asamblea Nacional .La otra es para modificar el sistema de elección de los siete vocales del CPCCS para que ellos no sean escogidos mediante el voto popular, sino por un sistema de méritos, que también estaría a cargo del Legislativo, de ser aprobado.En tanto, la jueza Carmen Corral analiza las tres propuestas de preguntas de consulta popular, relacionadas con reformas legales al Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Régimen Tributario, que envió el mandatario el 31 de octubre pasado. (I)

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