Ismael Quintana, constitucionalista: Intentar no repetir los errores del Gobierno que sale es el reto que Daniel Noboa y Verónica Abad deben sortear

Ismael Quintana Garzón, abogado, especializado en Derecho Constitucional y docente universitario, es parte de un equipo multidisciplinario que conformó la vicepresidenta de la República electa, Verónica Abad Rojas, para que la apoye en el proceso de transición de mandato con su par, Alfredo Borrero. Abad acompañó a Daniel Noboa en su carrera por la Presidencia de la República en las últimas elecciones nacionales anticipadas, en las que resultaron electos en la segunda vuelta del 15 de octubre.

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Luego, el 23 de octubre de 2023, Borrero recibió a Abad en la Vicepresidencia, en Quito, en un acto protocolario, y tuvieron un encuentro previo para iniciar la transición de Gobierno en el que participaron los equipos de ambos mandatarios. Desde entonces no se han producido otros encuentros, contó Quintana. El jurista reflexiona sobre los retos que tendrá Verónica Abad en su cargo en el que, según Daniel Noboa, le asignará trabajar en la política migratoria una vez que sean posesionados en la Asamblea Nacional. Gestionar el presupuesto para ejecutar obra es una necesidad, ya que según datos oficiales, la institución manejaría un presupuesto de $ 3´096.449 de los que el 87,6 % es para pagar salarios del personal. Quintana también había aconsejado a Abad sobre la propuesta de consulta popular, para que sus textos estén listos, tomando en cuenta el poco tiempo que tendrán para gobernar. Además, que no repitan los ‘errores’ del gobierno saliente de Guillermo Lasso.

Después del 23 de octubre, ¿cómo ha avanzado esta transición?

Luego de esa reunión, no he vuelto a ser convocado. Aquel día nos dieron información sobre el estado de la Vicepresidencia y desde entonces no ha habido nuevos diálogos, o al menos yo no he sido convocado. Desconozco si la vicepresidenta Abad haya asistido a otro acto.

¿Pero el equipo multidisciplinario sigue vigente o ha sido disuelto?

No ha habido una comunicación o una convocatoria a ninguna clase de reunión. No sabría decir si las cosas están avanzando con otras personas o si están estancadas, porque arrancó con una fuerza tal que uno decía ‘bueno, vamos a avanzar’, pero no ha habido más convocatorias. De hecho, tampoco he conversado con la vicepresidenta Abad.

¿Qué lo animó a participar a usted, que ha sido crítico al ejercicio del poder?

Hay maneras de vincularse al ejercicio de lo público, sin necesidad de vincularse en la función pública. Uno puede dar un consejo, un criterio, una opinión sin necesidad de tener que someterse, porque cuando uno es funcionario, secretario, ministro, asesor, está subyugado a lo que el superior le dice. No quisiera tener con este ni con ningún otro gobierno esa especie de dependencia que me impida seguir opinando libremente. Luego, uno puede discrepar de la visión de Verónica Abad sobre ciertos temas en el manejo de la administración pública, pero si hay algo que rescato es que tiene una línea ideológica, cosa que es bien rara encontrar en los políticos. Me animó que, a pesar de que no coincido en las visiones que tiene Abad, rescato que es una mujer de decisión, que tiene una forma de pensar y que la expone -incluso- a que ello le genere críticas. Además, me parece que puedo contribuir a darle una opinión respecto a su gestión. Ella conoce mi forma de pensar, ha visto mi trayectoria, y creo que es una persona sensata y honesta.

¿Cuál será su intervención en este periodo de transición?

La idea de la vicepresidenta es que le dé un acompañamiento, un aporte desde el plano jurídico. Un acompañamiento externo, sin ningún vínculo jurídico, ni laboral con la Vicepresidencia. Será como una especie de auxilio externo, de ayuda externa. Se trabajaría en conocer cómo está estructurada la Vicepresidencia, según las atribuciones que le delegará el presidente Daniel Noboa. Conocí un comunicado que se le encargará la política migratoria y, en ese sentido, guiar el proceso para que jurídicamente le dé a la institución una estructura orgánica y administrativa. Conocer el estatus jurídico del personal, darle un acompañamiento desde lo constitucional y el Código de Planificación y Finanzas Públicas para mejorar el presupuesto porque, de lo que conocimos, no queda mucho y el tema de la política en migración va a requerir no solo un trabajo coordinado con Cancillería, sino también harto presupuesto. Mi trabajo iba por ahí, guiarle jurídicamente para que pueda sacar adelante los objetivos que se han planteado con Daniel Noboa. También cruzamos ideas sobre la consulta popular, aunque no conozco los temas y no sé qué preguntas concretamente va a haber; y, de hecho, esa fue una de las cosas que le replanteé, porque para poder hablar de consulta hay que saber de qué se quiere hablar.

La atención en materia de migración es un asunto delicado y que requerirá de presupuesto. ¿Lo hay?

Conversamos con la vicepresidenta de que esto requiere partidas presupuestarias. Si ella va a estar viajando, por ejemplo, necesita atender necesidades sociales de los migrantes y eso no se hace con buenas intenciones, sino con recursos. Los números que nos presentó la secretaria general del vicepresidente Borrero, quedarían alrededor de $ 97.000 para cualquier cuestión y eso va a alcanzar para pagar nómina. Entonces, cuando Noboa asuma el mando y confirme las funciones de Abad lo que se buscaría es tener incidencia en el frente social, pero eso requiere recursos. Habrá que ver cómo se canaliza con el ministro de Finanzas o reformar el presupuesto para financiamiento con autorización de la Asamblea Nacional. En blanco y negro se trataría de una incidencia fuerte en la política migratoria y eso quiere decir que la Vicepresidencia va a tener que coordinar trabajo con la Cancillería, Senplades, el Ministerio del Interior y Gobierno.

A propósito de la propuesta de consulta popular, ¿cuál fue el diagnóstico que le expuso a la vicepresidenta?

Conversé con Abad sobre el tema en un almuerzo y reconocí que hay una voluntad política para llevarla a cabo, de hecho, eso es una oferta de campaña. El problema es que no hay claridad jurídica y es lo que preocupa porque no hay tiempo que perder, ya que será un gobierno de un año cinco meses en los que, si se hicieran rápido las cosas, se tardará al menos cuatro meses en llegar a las urnas. Eso querría decir que nos vamos a pasar debatiendo sobre una consulta en un país que tiene otros problemas más graves, como una crisis energética, el fenómeno de El Niño, la inseguridad y como que esa no es una prioridad y, mucho más cuando, más allá de que hay buena intención de convocarla, hay poca claridad jurídica de qué se quiere. Se habla de temas de institucionalidad, económicos, tributarios, temas para reformar el capítulo de seguridad sobre el rol de las Fuerzas Armadas, que en la Asamblea está listo un proyecto de reforma parcial a la Constitución que dejó presentado Guillermo Lasso.

A lo que se suma superar el filtro de la Corte Constitucional…

Me parece que no se sabe lo que se quiere consultar y cuando así empiezan las cosas, no van a tener buen destino. Además, la Corte Constitucional es muy drástica, muy exigente con los temas de consulta y solo pasar su filtro le va a tardar a Daniel Noboa un promedio de dos meses. Eso, si se hacen bien los deberes. De ahí, hasta que el CNE haga la convocatoria y el proceso, se está hablando más o menos de unos cuatro o cinco meses. Lo que le sugerí a la vicepresidenta es que, si bien hay otras prioridades y hay una oferta de campaña, que era la consulta, la tienen que cumplir.

¿Qué se requiere para que ese propósito se cumpla?

Se necesita tener un buen gabinete de ministros, de secretarios que se dediquen a ejecutar política pública en estos problemas que son emergentes, como el sector eléctrico, inseguridad, gestión de riesgos. Mientras tiene a su equipo de ministros atendiendo política pública, a la par conformo un frente político y jurídico que lleve adelante la consulta popular. El problema podría radicar ahí, porque estamos a cuatro semanas de que asuman el gobierno y no se sabe quién va a ser el ministro de Gobierno, el secretario jurídico. ¿Quién va a ser el cerebro jurídico que diseñe esa consulta? Ahí se podría perder tiempo, porque si recién cuando se posesionen van a empezar a discutir y diseñar un borrador de preguntas llegará Navidad, Año Nuevo y recién en enero, cuando estemos a las puertas de iniciar un próximo proceso electoral para elegir a un nuevo presidente de la República y asambleístas, lo vamos a mezclar con una consulta popular y eso es riesgoso... Hay que preguntarle cómo le fue a Guillermo Lasso cuando entreveró la consulta con las elecciones seccionales de febrero.

¿El gobierno saliente debe ser un ejemplo para el entrante?

Es la mejor escuela y se lo dije a Verónica Abad, que me parece que de los errores que ha cometido el presidente Lasso hay que aprender. El primer error: no tener equipo político, y me parece que estamos repitiendo lo mismo, porque designa ministros de la Producción, Agricultura… todo menos el frente político. Repetiremos el tema de no tener un buen arquitecto de la política, cuando estamos hablando de tener acuerdos con la Asamblea, etcétera, pero más allá de la elección de autoridades, qué pasa con la discusión de cuál va a ser la agenda legislativa, el eventual apoyo a la reforma a la Constitución que integre la consulta popular.

¿Su sugerencia a Abad es que ese cuestionario debería estar ya en discusión pública?

Ahora lo que se debería estar discutiendo es el contenido de las preguntas, pero no se conoce quién será el ministro de Gobierno y el equipo jurídico. No se puede anunciar y luego proponer cualquier cosa con una Corte Constitucional que es peligrosa. Por lo que, no fijarse en los errores del que sale, no intentar repetirlos, es el reto que Noboa y Abad deben sortear. (I)