A las 10:16 de este sábado 6 de mayo, con la presencia de todos los asambleístas integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se instaló la sesión para conocer el informe borrador motivado sobre la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, acusado de presunto peculado.

Antes del trámite del informe se presentaron tres cambios en el orden del día solicitados por los legisladores Marco Troya, Ana Belén Cordero y Pedro Velasco (BAN). Esa acción bloqueó la intención que tenían los correístas de incluir también, como cambio del orden del día, una moción para “aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político en contra del señor presidente de la República”.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 129 permite únicamente tres cambios en el orden del día por sesión, por lo que la cuarta propuesta de cambio de orden del día presentada por los tres asambleístas de UNES, Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina, no podía ser tratada.

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El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, afirmó que el objetivo del correísmo, socialcristianos y el legislador Bruno Segovia era de sorprender a la Comisión con un cambio en el orden del día en el que “pretendían obligar a aprobar un informe alternativo de ellos, que dice todo lo contrario al informe motivado de la Comisión”.

Aseguró que el informe del correísmo, que no pasó, planteaba el enjuiciamiento y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, aunque la motivación no se conoció; pero la presidencia de la Comisión de Fiscalización logró, aplicando el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, impedir que esa moción de cambio en el orden del día sea aprobada, porque solo se pueden tratar tres pedidos, que fueron evacuados.

Debate previo

De las tres propuestas de cambio del orden del día se negaron dos que se referían a la responsabilidad que tiene la Comisión de Fiscalización de elaborar y entregar un informe final de labores al día 13 de mayo de 2023, considerando que el actual periodo vence el 14 de mayo.

Solo pasó el pedido del legislador Marco Troya relacionado con el debate sobre la facultad de los asesores de las comisiones especializadas permanentes para elaborar informes. La idea, añadió, se trata de aclarar a la ciudadanía las atribuciones de los asesores legislativos y que no se trata de imponer razones, y afirmó que el pronunciamiento previo y vinculante del procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, resalta la competencia del equipo asesor para elaborar el informe.

En el debate los legisladores de UNES y el asambleísta Bruno Segovia (antes de Pachakutik), insistieron en que los asesores de las comisiones no son competentes para elaborar el informe del juicio político.

Segovia pidió certificación a secretaría para conocer quién elaboró el informe motivado que recomendó no enjuiciar al primer mandatario. El secretario relator, Andrés Ruiz, informó a la sala que el documento lo elaboró el equipo técnico de la Comisión, liderado por el asesor Santiago Becdach.

El representante de Azuay reclamó por qué no se permitió a los legisladores integrantes de la Comisión elaborar el informe y señaló que no son “alza manos para votar un informe que fue elaborado por una persona que no es legislador y que además ha anticipado criterio”.

Intervino el asambleísta Roberto Cuero (UNES) para aclarar que ellos no atropellaron ni avasallado ni amenazado al equipo asesor de la Comisión de Fiscalización. Rechazó que se los haya calificado de “matoniles” y “sheriff del Guayas”, que lo único que hicieron es asistir a una sesión convocada por un asesor que públicamente se ha pronunciado en redes sociales en contra del juicio político, y lo que se recordó son las atribuciones de un equipo asesor y de los asambleístas.

La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (BAN), solicitó la lectura del pronunciamiento del Procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, a una consulta formulada por el primer mandatario, donde avala la competencia de los asesores y el equipo técnico para elaborar y remitir el borrador que será puesto a consideración de la Comisión de Fiscalización.

El debate no prosperó y la Comisión se limitó a conocer el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, dispuso la lectura del documento del procurador respecto a la consulta realizada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, referente a la aplicación del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la presentación del informe sobre la solicitud del juicio político en trámite.

El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, destacó que el informe vinculante de la Procuraduría del Estado cambia sustancialmente el procedimiento del tratamiento no solo en la Comisión de Fiscalización, sino en el Parlamento ecuatoriano de la solicitud de juicio político en contra del primer mandatario. Por lo tanto, todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización está enmarcado en derecho, añadió.

Además, con el pronunciamiento del procurador Juan Carlos Larrea queda claro que hay un solo informe motivado para todo el juicio se apruebe o no, y deja a potestad del presidente de la Comisión de Fiscalización la posibilidad de incorporar como anexos aquellos planteamientos y posiciones de los otros legisladores.

Terminado el debate sobre la moción planteada por Troya, se ordenó la lectura del informe borrador motivado elaborado por el equipo técnico asesor de la Comisión de Fiscalización donde no se recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso, acusado de presunto peculado en el contrato de transporte de petróleo entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers Pool.

La lectura del informe empezó al mediodía y desde la página 97 que se refiere a la actuación de prueba. Hasta las 14:30, continuaba la lectura del documento en la página 222 de las 298.

En la sesión para conocer el informe motivado de los cuatro proponentes estuvieron presentes Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik). Los asambleístas que también suscribieron el pedido de interpelación, pero que no llegaron a la sesión, son Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado del bloque ID).

Luego de la lectura se tiene previsto abrir el debate entre los integrantes de la Comisión, donde los legisladores podrán realizar aportes que serán sometidos a votación.

Aprobado o no el informe motivado pasará a conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que este a su vez socialice entre los legisladores y posterior a ello incluya el tema en el orden del día para conocimiento del pleno. (I)