Lafattoria, proveedora de la alimentación en las cárceles y escuelas, recibió $ 684,3 millones desde 2012; en cuatro gobiernos, uno le adjudicó más contratos

El miércoles 8 de agosto del 2012, la proveedora de la alimentación en las cárceles Lafattoria S. A. fue adjudicada con su primer contrato público en Ecuador. El documento lo firmó la entonces ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Johanna Pesántez, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Por un monto de $ 7,2 millones, Lafattoria fue elegida en una licitación en la que compitió con un solo rival (La Vid Catering Eventos), que en la etapa final del concurso no presentó su propuesta económica. Lafattoria obtuvo entonces el contrato para “la provisión de la alimentación de las personas privadas de libertad de los centros de rehabilitación social, de detención provisional, casa de confianza, y de internamiento de adolescentes infractores de la Zona 5: Bolívar, Los Ríos, El Oro y Guayas”, por un plazo de 365 días.

Así consta en los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, donde se evidencia el vertiginoso ascenso de esta empresa, hoy cuestionada por el gobierno de Daniel Noboa, que la acusó de supuestos ‘vínculos’ con el crimen organizado.

Nuevo proveedor, ya no LaFattoria, fue contratado por $ 11,4 millones para la entrega de la alimentación escolar en los planteles

La acusación, que Noboa hizo viral en redes sociales hace más de un mes, no ha calado en la Fiscalía, que hasta la fecha ha citado a la contratista ni le ha requerido información de los $ 171 millones que -aseguró Noboa- ha recibido desde el 2015 para dar el servicio de la comida en las prisiones.

La cifra del mandatario se queda corta. “Entre el desayuno escolar y la alimentación escolar es mucho más. No tengo la data exacta, pero le puedo entregar sin ningún problema. Sí se da cuenta el nivel de desinformación que tiene el presidente”, señaló Richard Villagrán, socio mayoritario de la firma Riasem S. A., dueña de Lafattoria, una compañía que surgió en 2008 y que hoy forma parte de un holding de 30 empresas.

Lafattoria ha obtenido $ 244,4 millones en adjudicaciones para los centros de rehabilitación desde 2015. Sin embargo, el monto se queda aún más corto si se consideran todos los contratos registrados en el Sercop: $ 684,3 millones desde agosto del 2012.

Lafattoria ha sido la proveedora del Estado durante los cuatro últimos gobiernos, el de Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y también en el actual régimen de Daniel Noboa. En conjunto, esta firma suma 62 contratos, convenios u órdenes de trabajo, según los datos contenidos en el Sercop.

‘Hay que estar pendientes de a quién van a darle el contrato de la alimentación en las cárceles, siempre en estos líos sale alguien que empieza a vender humo’

En casi todos los gobiernos los montos han sido similares. En el correísmo, Lafattoria recibió 20 contratos por $ 203 millones en los cinco últimos años de Rafael Correa, en el periodo 2012-mayo del 2017, todos otorgados mediante concursos (licitaciones y subastas).

En este régimen también se dieron los primeros contratos para que Lafattoria se encargue de brindar el desayuno escolar en los planteles. En noviembre del 2016, en un proceso dirigido por el Sercop, la proveedora recibió dos adjudicaciones del Ministerio de Educación, por $ 74,7 millones, para abastecer de las raciones escolares en las provincias de Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa Elena; y $ 47,8 millones para las zonas de Cotopaxi, Napo, Pastaza, Pichincha y Orellana. Según el Sercop, en estos procesos el Estado se ahorró $ 7,4 millones y $ 1,1 millones en cada compra, respectivamente.

El mismo número de contratos (20), por la suma de $ 235,2 millones, le asignó el gobierno de Lenín Moreno –de mayo del 2017 a mayo del 2021-. No obstante, de los 20 solo tres se dieron mediante licitaciones, el resto de contratos los obtuvo esta proveedora a través de convenios de pago (3) y el mecanismo de catálogo electrónico (14).

Los convenios de pago ni las adjudicaciones por catálogo electrónico están disponibles en el portal de contratación del Sercop, por lo cual no pueden ser revisados los documentos de los procesos de compra, tampoco conocer las ofertas o condiciones presentadas por otros participantes. No obstante, Villagrán defiende este mecanismo de contratación: “Todos los meses, el Ministerio de Educación solicita a los tres proveedores, éramos tres proveedores, la cantidad de raciones que requiere, con un precio que fue subastado“, explica el directivo.

La bonanza de Lafattoria S. A., el proveedor de las cárceles que surgió con dos empresas y que hoy comprende un holding de unas 30 firmas

El mismo mecanismo del catálogo electrónico predominó en 18 de los 21 contratos en los que resultó elegida Lafattoria durante el gobierno de Guillermo Lasso, el régimen que en dos años y medio –lapso menor que los dos gobiernos anteriores- le asignó el mayor monto de compras: $ 238,3 millones.

De esta cantidad, la gran mayoría de adjudicaciones (18) las recibió Lafattoria de parte del Ministerio de Educación, para el desayuno escolar en los planteles, por $ 170,2 millones; mientras que tres contratos, solo uno por licitación o concurso, fueron para los centros de rehabilitación, por $ 68,1 millones.

Entre los últimos contratos en la gestión de Lasso estuvo el firmado el 5 de octubre del 2023 por $ 23,2 millones entre la representante de Lafattoria, Aracely Pincay, y el subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Mario Carrillo, hermano de quien fue ministro del Interior en el gobierno de Lasso, Patricio Carrillo.

El actual gobierno de Daniel Noboa, según los registros del Sercop, le asignó un contrato por catálogo electrónico para la entrega del desayuno escolar, por un monto de $ 7,7 millones. La adjudicación se dio en febrero del 2024 antes de que el presidente cuestionara a Lafattoria y pidiera que la Fiscalía la investigue.

Para la alimentación en las cárceles, este Gobierno no ha iniciado procesos de contratación, y según el representante de Lafattoria, el servicio se ha dado mediante convenios de pago: “Este Gobierno tiene sentado en el poder 180 días, yo le pregunto: ¿por qué hasta el momento no ha subido un proceso en la Zona 1, donde hemos estado sin contrato desde 2018? Este Gobierno que se ha quejado de los convenios de pago, ¿con qué cree que nos van a pagar? Con convenios de pago”. (I)