Lafattoria S. A., el proveedor de la alimentación a las personas privadas de la libertad y a los niños en sus escuelas, ha registrado un crecimiento económico que supera los $ 850,4 millones en sus 16 años de operación, desde sus inicios (2008) hasta el año pasado 2023.

Las ventas de esta empresa -según su último reporte financiero (2023)- alcanzaron los $ 95,3 millones, un monto lejano a los $ 319.216 que se registró en su primer año de funcionamiento (2008). Los siguientes dos años las transacciones alcanzaron una recaudación de $ 2,2 millones.

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En esa época, Lafattoria “servía a multinacionales, empresas portuarias, medios de comunicación, entre otros muchos”, según la reseña que consta en la página web de su socia, la compañía Asesoría Empresarial Riasem. Esta firma, perteneciente a Richard Villagrán y su esposa, Rosa Mueckay, agrupa a un conglomerado de 30 empresas relacionadas -incluida Lafattoria- como parte del holding Riasem.

“Nuestro grupo nace hace 26 años (1998). A finales de los 90, Richard Villagrán decide emprender en servicios de alimentación”, señala Riasem sobre los inicios de esta sociedad empresarial. Pero el registro público más antiguo de este negocio se remonta al 2001, cuando Villagrán abrió su RUC bajo la marca comercial de Chef Express. Tenía 23 años. Aunque Villagrán asegura que desde los 17 emprendió con el suministro de catering (comida) para una empresa musical.

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Más adelante, en 2003, Villagrán mantuvo el nombre Chef Express en su primera empresa, con el mismo objeto de suministro de alimentos y bebidas a nivel corporativo. En 2008, la esposa y una hermana de Villagrán compraron la firma recién constituida Lafattoria, la cual cuatro años más tarde (2012) llegó a ser elegida por el Ministerio de Justicia para proveerles de raciones alimentarias a las prisiones. Ese año, sus ventas alcanzaban los $ 12,7 millones, casi el doble del 2011 ($ 6,5 millones).

Para esa época ya se habían incorporado tres empresas más al grupo empresarial: Acerinox, creada en 2009 para tareas de construcción; Novacocina, dedicada desde 2012 al suministro de comida; y Noviecua, firma agrícola de familiares que pasó a manos de Villagrán en 2012. Luego de dos años, en 2014, se unieron tres compañías: Riasem, concebida para administrar las sociedades del holding; Henadad, una inmobiliaria que acumula terrenos, edificios y oficinas; y Alpagro, que da servicios de traslados aéreos.

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Así, la expansión de este grupo continuó para atender inicialmente la creciente demanda de servicios que recibía Lafattoria, firma que en sus registros financieros de 2014 menciona al Ministerio de Justicia como “el principal cliente de la compañía” al representar “el 79 % ($ 25 millones) del total de las ventas” ($ 31,7 millones).

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En 2015, sus ventas disminuyeron a $ 29,6 millones y los contratos con el mismo ministerio significaron el 84 % ($ 24,8 millones). Al año siguiente (2016), otras seis empresas se sumaron al holding. Cinco de ellas, Rolem, Provisali, Quench Quenchesa, Palmiecua y Hacienda San Jorge, relacionadas con la comercialización de productos y cultivos de alimentos; y Food Logistics, encargada de la planificación y logística para las entregas.

Un mes antes de finalizar ese año 2016, Lafattoria firmó un convenio con el Sercop para entregar alimentos a los planteles educativos por dos años (2017 -2018). En ese lapso, en el que diez compañías más (las industrias Cuatro Trece y Ecualechera, Omniguard, Gotire&Services, Cheflogistic, Transportes Truckerchef, Semola, entre otras) formaron parte del grupo Riasem, se triplicó el negocio de Lafattoria. Se cumplió con el objetivo principal de la compañía de “mantener, fortalecer y crecer en sus actividades”, según indicó Richard Villagrán, en el informe de gerente de 2017, periodo en el que obtuvo $ 104,8 millones en ventas. En 2018 aumentó a $ 119,9 millones y superó los $ 120 millones en 2019, logrando ganancias por $ 11 millones.

”Se ha obtenido un ligero incremento en nuestras ventas, así como hemos optimizado nuestros recursos, logrando un decrecimiento en los costos y gastos”, señaló Aracely Pincay, en su reporte gerencial del 2019. En ese periodo, Lafattoria trabajaba bajo prórrogas del Sercop para extender la vigencia de los contratos con la institución educativa. Mientras el Ministerio de Justicia también mantenía el servicio en las cárceles a través de extensiones de contrato con la Lafattoria hasta 2023, cuando se firmó un nuevo contrato por $ 23,1 millones hasta octubre de 2025.

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Sin embargo, Lafattoria interrumpió la provisión de alimentos en las cárceles de Guayas el 1 de junio de este año por “fuerza mayor”, apunta Richard Villagrán, debido a que el Estado -alega- les adeuda $ 30 millones. Aproximadamente, detalla el empresario, $ 20 millones son por el desayuno escolar impago desde diciembre pasado y $ 10 millones por la falta de pago del suministro de comida de los prisiones desde noviembre. Y a su vez, esta empresa -añade- debe más de $ 18 millones a su red de 340 proveedores.

“Es una situación trágica”, dice Villagrán, quien lamenta que ha tenido que despedir a 420 de los 1.200 colaboradores que había contratado durante los 16 años de operación de Lafattoria. “De un día a otro no puedo decir ‘me voy, chao’, no pues, hay una responsabilidad, una inversión, una confianza, una reputación, y de un momento a otro sale un presidente y la destruye”. Con esta última declaración, Villagrán se refiere a las acusaciones del Gobierno de supuestos vínculos comerciales con una organización criminal: “Destruyeron nuestra reputación sin tener un gramo de evidencia, sin nada de evidencia”.

Dos semanas antes, el 16 de mayo, la empresa también fue suspendida como proveedor del Estado y el Ministerio de Educación eligió días después a la empresa pública Espe-Innovativa para entregar 36,4 millones de raciones a más de 1,4 millones de estudiantes.

Con ello, Lafattoria ha perdido a uno de sus clientes más importantes, ya que los contratos públicos con los ministerios de Educación y Justicia representaron el 92 % ($ 88 millones) de sus ventas ($ 95,3 millones) en 2023. El restante 8 % lo recibieron de empresas privadas, entre ellas multinacionales desde hace dos décadas.

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Lafattoría, que ha acumulado $ 50,9 millones de utilidades desde su creación, es la más rentable del holding. Su recaudación corresponde al 69 % de los ingresos totales ($ 137,4 millones) que registraron las 30 firmas del grupo -incluidas dos de familiares- el año pasado. En ese periodo, doce de estas compañías superaron el millón de dólares en ventas, entre ellas Rolem, que comercializa productos en supermercados ($ 11,7 millones); Provisali, dedicada a la venta de alimentos ($ 3,9 millones); Industrias Cuatro Trece, cuya actividad agrícola está enfocada en pilado y comercio de arroz ($ 3,7 millones); y Food logistics, encargada de la planificación, operación y transporte ($ 3,6 millones).

Otras cuatro empresas se integraron al grupo Riasem en los últimos cinco años: la firma logística Equestria, que reportó $ 60 de ingresos el año pasado; y las agrícolas Exaimpro, Hacienda Ines María y Agropec, de las cuales solo esta última tuvo ingresos ($ 2,5 millones).

Además de Lafattoria, otras dos empresas del grupo también han recibido contratos del Gobierno: Omniguard obtuvo un contrato del Municipio de Samborondón para el servicio de vigilancia por $ 34.000 el año pasado; y Provisali fue elegida por el Ministerio de Justicia para dar el suministro de los economatos en los centros carcelarios en dos periodos, de 2015 hasta el primer cuatrimestre del 2019 y luego desde mediados de 2020 hasta ahora. El contrato vence en julio próximo, mes en que asumirá un nuevo contratista.

”Hay un crecimiento, un trabajo duro, un riesgo altísimo, una reputación (...), trabajar con el Estado ha significado un crecimiento y estamos muy agradecidos por eso. Nos da mucha pena lo que está pasando”, sostiene Richard Villagrán, quien cree ‘difícil’ que el Gobierno encuentre a un proveedor especializado para alimentar a los reclusos con su experiencia y control: “Somos los únicos preparados en el Ecuador (...). Nadie va tener los cuidados que tengo yo por empresa, asegurarse que nada se filtre, asegurarse que hayan candados satelitales, que haya vigilancia 24/7, perros, detectores de metales, nadie va a hacer eso”. (I)