Cuenca

En la memoria de Sonia Bonilla hay dos días imborrables: el 16 de marzo y el 11 de enero, el uno corresponde al cumpleaños y el segundo al asesinato de su primer hijo, ocurrido hace 21 años. La Comisión de la Verdad determinó que la muerte de Damián Peña fue una ejecución extrajudicial.

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En 2015 se anuló todo el proceso, pero se lo reabrió de nuevo como otra figura legal, y desde entonces el caso sigue en investigación previa.

Damián Peña Bonilla murió el 11 de enero de 2002 mientras participaba de unas manifestaciones en contra del gobierno del entonces presidente de la República Gustavo Noboa. Su deceso ocurrió en la avenida 12 de Abril, junto a la Universidad de Cuenca. Las diferentes pericias determinaron que en su frente se incrustó una bala calibre 9 milímetros.

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El caso fue llevado a los estrados y en una primera parte del proceso se judicializó a dos uniformados, el primero fue sobreseído y el segundo declarado inocente por un fallo de un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que en la audiencia de casación anuló toda la investigación realizada bajo el delito de homicidio preterintencional, y por eso la Fiscalía retomó la investigación por el aparente delito de violación a los derechos humanos.

Por eso el un gendarme acusado de autor sigue activo en la institución.

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Desde ese día, Sonia Bonilla ha mantenido una incesante lucha para dar con el responsable. Ella está segura de quién fue, pero como no hay un fallo judicial prefiere no dar su nombre.

No olvida los hechos porque a su criterio todo estuvo viciado, desde el inicio, especialmente porque la participación de la Policía Nacional fue decisiva, según ella hubo adulteración de las pruebas, se rompieron las cadenas de custodia en complicidad con los fiscales de la época.

Con estas anomalías coincide César Zea, activista de derechos humanos, que por su interés y presión ejercida frente al caso fue víctima de acoso, dice, por parte de grupos oficiales. Su vehículo fue atacado, pero eso no lo amedrentó y sigue hasta hoy en la lucha.

Asimismo, Sonia recuerda esos días oscuros en donde su teléfono estaba intervenido y cuando le llegó a una casa un cargamento de fideos que nunca pidió, pero luego averiguó que se trataba de un signo criminal.

Para ella, desde la muerte de Damián “la Policía fue juez y parte” y por eso se presentaron irregularidades como, por ejemplo, cuando les tomaron las versiones en el Comando de Policía o cuando llevaron las armas desde el cuartel hasta la Fiscalía, con la ausencia del investigador del Estado.

Pero en medio de todo esto el examen balístico determinó que el proyectil que impactó al adolescente no pertenecía a las armas usadas en esa época por los gendarmes.

En lo legal, el caso sigue en investigación previa desde el 2015 cuando un Tribunal anuló todo lo actuado y se determinó que la nueva investigación será por el presunto delito de “graves violaciones a los derechos humanos”, informó el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso.

Y es justamente desde esa fecha, hasta la actualidad que se mantiene la investigación sin mayores avances, lo que a decir de Sonia Bonilla demuestra que “la Fiscalía no tiene la voluntad de resolver estos casos, nos tienen en esa agonía”.

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La última actuación conocida en el caso fue la aprobación de un presupuesto para practicar una pericia criminalística integral, esto se dio en octubre del 2022, lo que significa, según el fiscal Amoroso, “volver a investigar e integrar todo lo que está en el expediente”, pero al mismo tiempo sostiene que el avance de la investigación es un proceso complicado por el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

Por todo este contexto César Zea repite ese refrán que dice: “justicia que tarda no es justicia”, pero al mismo tiempo Bonilla afirma que como madre nunca dejará de luchar.

Mientras tanto, el oficial que fue investigado y al final absuelto, sigue en la fuerza y actualmente es jefe zonal de la Dinased porque se lo declaró inocente de toda acusación. (I)