La justicia aceptó una acción de habeas corpus a favor de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios (Asoserpen).

Según Diego Pozo, su representante legal, se planteó la acción judicial para precautelar la integridad física, psicológica y sexual, en algunos casos, así como la vida de aquellos servidores que estuvieron retenidos en varios centros de privación de la libertad, la semana anterior.

El patrocinador legal agregó que se ha determinado que hubo vulneración de los derechos por omisión estatal y específicamente por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que administra el sistema penitenciario en Ecuador.

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A decir del jurista, dentro de la audiencia judicial hubo el testimonio de una persona que había sido liberada, en el que habría mencionado que no se brindó atención psicológica ni médica.

Alrededor de 200 funcionarios y guías penitenciarios fueron retenidos y luego liberados; sin embargo, añadió que ahora viene la zozobra sobre cómo van a ingresar nuevamente a las cárceles.

Dijo también que no hay lineamientos sobre cómo retornarán a trabajar; pero, a su criterio, no hay garantías, pues irán desarmados y solo con su uniforme.

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Carlos Ordóñez, agente de seguridad penitenciaria, señaló que hay afectación psicológica a sus compañeros y también a sus familiares.

Indicó, además, que hay dos renuncias de sus colegas que habían sido retenidos y hay otros casos en los cuales las familias ya no quieren que sigan laborando en las cárceles.

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Ordóñez estimó que hay alrededor de 2.700 servidores penitenciarios que custodian a unos 35.000 presos, en tres turnos de guardias.

Nicolás Maduro: Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no busque al Comando Sur (de EE. UU.)

Para laborar, indicó, tienen su experiencia, su inteligencia y sus manos, pues no hay ni logística ni equipamiento de protección, como chalecos, cintos, cascos, escudos ni armamento.

Precisó que sus colegas están obligados a presentarse en el turno al que estén asignados.

La resolución judicial, según la defensa de los agentes penitenciarios, incluye que haya atención inmediata y oportuna tanto médica como psicológica, que el SNAI presente las garantías necesarias para poder mejorar el desenvolvimiento laboral de los funcionarios y que la Defensoría del Pueblo sea la entidad que se encargue de vigilar el proceso.

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No incluye aspectos económicos. (I)