A propósito del proyecto de ley, enviado por el presidente de la República a la Asamblea Nacional, se ha generado debate y expectativa, pero lo que queda claro es que es ineludible establecer canales legales que contribuyan a detectar hechos de corrupción y someterlos al veredicto de la justicia.

Pero hay que recordar que no habrá suficientes leyes y procesos judiciales que alcancen para terminar con la nefasta conducta que afecta no solo la disponibilidad económica del Estado para cubrir las necesidades de los ecuatorianos, sino que corroe las bases mismas de la sociedad. Es necesario que los ciudadanos eliminemos de nuestra vida cotidiana comportamientos generalizados que consideramos sin importancia y para los cuales no nos faltan excusas, pero que son ilegales e inmorales.

El artículo 83 de la Constitución, que leemos y mencionamos muy poco, está destinado a establecer las responsabilidades de los ciudadanos. Allí hay normas de comportamiento colectivo que si las practicáramos todos, serían muy útiles para disminuir la corrupción y la impunidad, no solo legal, sino también social y para construir el buen vivir, del que tanto se habló y no hemos alcanzado. (O)