Salir de la oscuridad de la ignorancia del conocimiento e interpretación de trascendentales hechos nos proporciona una inmensa dicha, nos da libertad, como proclamó Jesús. Suele costar, por las telarañas que muchas veces envuelven a la verdad, por el ocultamiento, la distorsión. Los prejuicios nos encierran en jaulas y aceptamos creer lo que nos conviene o se ajusta a las ideas que consagramos como inmutables. Lo peor es que si otros son los protagonistas de la situación juzgamos al revés.

A mi juicio acontece ello en la grave disputa diplomática y política de Ecuador con México. El exvicepresidente Glas solicitó asilo diplomático a México y se refugió en su embajada en nuestro país. Meses después el presidente mexicano formuló unas declaraciones imprudentes e intrusivas en la política interna ecuatoriana. El gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México, confundiendo al autor de tales declaraciones, tan lamentablemente comunes en ciertas esferas diplomáticas de injerirse en asuntos ajenos, como lo demuestran las graves y frecuentes intervenciones del embajador estadounidense aquí, ante las cuales enmudecen las autoridades ecuatorianas. ¡Todo depende de la identidad política del villano! Tardíamente se pronunció la cancillería mexicana y concedió el asilo pedido, por considerar que hay motivación política en los procesos judiciales seguidos contra Jorge Glas. Entonces, por orden del presidente Noboa viene la brutal incursión de la policía nacional en la legación mexicana y, maltratando al encargado de la misma -contra quien dos “patriotas” o prestanombres presentaron una ilegal denuncia por “obstrucción de la justicia”-, capturan al exvicepresidente, lo que rompe la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y prohíbe a los agentes del Estado receptor penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión. Captura que los máximos jueces de la justicia ordinaria declararon ilegal y arbitraria.

El futuro de la nación

El gobierno ecuatoriano y sus incondicionales valedores aducen que el asalto a la embajada obedeció a la Convención Americana sobre Asilo Diplomático, que dice que es ilícito otorgar asilo a las personas inculpadas, procesadas o condenadas por delitos comunes. ¡Una verdad a medias que la mancilla!: El mismo artículo 3 determina como salvedad a esa ilicitud, que los hechos que motiven la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Se ha impugnado tal carácter en este caso, sin embargo, el art. 4 de la Convención señala que al Estado asilante corresponde la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. La canciller mexicana manifestó que analizaron los cargos contra el Ing. Glas. Encontraron que había motivación política. Debe también tomarse en cuenta que ese mismo examen debió realizar para conferir asilo a otros ecuatorianos. La Convención manda a respetar el asilo, a que el Estado territorial proteja y dé el salvoconducto al asilado y reconoce al Estado que asila la facultad de calificar la urgencia del caso.

Las autoridades ecuatorianas han justificado lo que hicieron con las convenciones internacionales contra la corrupción, mas ninguna enerva la americana sobre asilo diplomático, que es especial, inclusive la de la ONU contempla como excepción para extraditar a una persona, la persecución política. El gobierno de Ecuador llegó a afirmar, sin probarlo, que el refugiado intentaba fugarse.

El camino por delante

Se ha minimizado la importancia del Derecho Internacional, sin entender que se trata de normas aprobadas, no por un Estado aislado y arbitrario, sino por un conjunto de ellos, mirando la convivencia pacífica, el respeto a la lucha contra la corrupción de cada uno de ellos, pero también el derecho a la vida y libertad de los perseguidos políticos. Igualmente, nuestra Constitución reconoce el derecho de asilo y lo brindó a Assange, contra quienes cargan aquellos que quieren castigarlo por develar crímenes, hasta que un mandatario de ingrata recordación lo revocó. Imaginemos que las iglesias y conventos no hubieran concedido asilo en el pasado a los acusados por delitos comunes, que el gobierno de la República Dominicana no lo hubiera otorgado al expresidente Gustavo Noboa, perseguido por Febres-Cordero, o los de Costa Rica y Panamá lo hubieran negado a Alberto Dahik y Abdalá Bucaram, respectivamente, aunque en cualquier caso podamos discrepar de la calificación de índole política dada. ¿Cómo hubiéramos reaccionado?

¿Secuela del bárbaro e inédito proceder? La condena virtualmente unánime de la comunidad internacional, de la OEA, de la CELAC. La demanda presentada por México ante la Corte Internacional de Justicia, órgano de la ONU. Todo por la megalomanía de un presidente que busca el aplauso del palco, la reelección, que cree que puede hacer lo que sea para defender los intereses del grupo por el que gobierna.

La judicialización de la política en la región no es nueva. En Ecuador tampoco, promovida por gobiernos y bloques parlamentarios de conservadores, liberales, socialcristianos, de los tres últimos, del actual. Urge un baño de verdad, urge revisar sentencias en juicios contra exmandatarios, por una comisión de juristas probos. ¿Creemos en la verdad o nos complacemos en las injusticias como les escribió Pablo a los Tesalonicenses? (O)