El gobierno de Daniel Noboa Azín será el que deba llevar adelante el cierre del bloque 43-Yasuní ITT, de acuerdo con los resultados de la consulta popular realizada el 20 de agosto pasado. Sin embargo, Petroecuador ya ha dado pasos en esa dirección, según anunció el gerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos.

  • En primera instancia ya se cuenta con un informe sobre cuáles serían los procesos en la parte productiva para apagar los pozos.
  • Además, se han parado los contratos de work over y de taladros hasta el 31 de diciembre del 2023.
  • A partir de enero del 2024 no se generarán actividades complementarias.

En este sentido, se podría dejar de bombear crudo el 31 de agosto del 2024, de acuerdo con la temporalidad de un año que establece la propia consulta popular. A partir de ese momento, en cambio, ya se daría el cierre de las operaciones.

Sin embargo, Armijos explica que al momento no existe una directriz oficial de las autoridades y en este sentido están a la espera de recibirla. Asegura que Petroecuador es un ente ejecutor de la política que se emita. No obstante, Armijos sí ve varios obstáculos y consecuencias en este proceso.

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El primero es una baja de los ingresos fiscales que serían de $ 680 millones el primer año.

También advierte que el OCP -que para el siguiente año ya podría regresar a manos estatales- perdería una buena cantidad de crudo para su bombeo. Si ahora bombea unos 130.000 barriles de crudo Napo, con la baja del ITT llegaría a unos 75.000 barriles, indica.

Además, se deberán destinar importantes recursos para el cierre de pozos activos y el desmantelamiento de la infraestructura. En este tema, existe una empresa noruega que podría apoyar los estudios. El trabajo consiste no solo en retirar la infraestructura, sino dejar ese sector de gran biodiversidad como que nada hubiese pasado.

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Armijos asegura que la etapa de desmantelamiento podría durar entre seis y diez años.

Entre tanto, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, considera que todavía podría haber una opción de que los ingresos petroleros no se vean tan mermados, sobre todo en momentos en que la caja fiscal está tan golpeada. “La situación fiscal es dramática y no tiene con qué pagar sueldos”, comenta.

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En este sentido Acosta dice que podría haber una extensión del plazo del cierre del bloque ITT si el nuevo Gobierno lo pide, a fin de que haya un periodo de cierre viable. En esto ya existe un precedente que es lo que sucedió con la Ley de Fomento Ambiental.

El tema es que materialmente es difícil cumplir ese plazo, pues no es como cerrar un grifo, sino que se requiere un proyecto de cierre, tener todo un tema normativo sobre cómo va a ser el tratamiento ambiental. Para todo ello se requieren recursos, debe pagar compensaciones, y para eso no hay fondos.

Otra alternativa, aunque más difícil de llevar a cabo, según Acosta Burneo, sería que por iniciativa presidencial se hiciera una consulta sobre el mismo tema, pero con más información, pues considera que el Gobierno no presentó cifras reales del impacto. “La población votó con información irreal e incompleta”. Pero cree que no tendría cabida, considerando que el presidente Noboa se ha mostrado favorable al cierre del bloque ITT.

Entre tanto, para David Almeida, secretario general de la Asociación de Trabajadores Petroleros (Antep), evidentemente el resultado de la consulta debe cumplirse. Aunque “como trabajadores petroleros rechazamos el hecho de que se haya consultado a nivel nacional cuando se debía hacer de manera local”. En todo caso, sí advierte que el tema del cierre de un año es antitécnico. Hay varios factores que pueden hacer que esto demore, por ejemplo, no existe una normativa para abandonar campos. Esto en realidad no existe ni en Ecuador ni en ninguna parte del mundo, porque abandonar campos en producción es algo que no se hace. En este sentido, considera que será un desafío muy importante para el Ministerio de Energía generar la normativa necesaria.

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Sostiene que la producción podría terminar el 31 de agosto, pues sí se pueden cerrar los pozos. Sin embargo, el desmantelamiento de la infraestructura es otro tema que demorará más. Explica además que para el año en el que se deje de producir esto significará unos 58.000 barriles diarios menos de producción y, por ende, unos $ 1.200 millones menos de ingresos por el crudo. Los empleos directos que se perderían son aproximadamente 1.000 y los indirectos, según un estudio publicado en el Banco Central del Ecuador, 30.693. Esto debido a que en el escenario propuesto no se considera ninguna política activa para contrarrestar los efectos de la no explotación del bloque 43-ITT. La pérdida de empleos en el mediano plazo será mayor.

El Banco Central también ha hecho una proyección de la baja de ingresos por el cierre del ITT, indicando que para el 2023 podría registrarse una baja de $ 668 millones. Además, que no explotar el campo conllevaría a una pérdida significativa en la producción petrolera del bloque durante el periodo 2023-2043, estimada en un total de 281,8 millones de barriles. Esto resultaría en una reducción sustancial de los ingresos brutos de $ 17.634,5 millones, basada en un precio promedio de $ 62,6 por barril. (I)