En plena capital del Ecuador todavía se habla de barrios sin agua potable o luz eléctrica, algunos por falta de una regularización de su asentamiento. Uno de los casos más relevantes es el de Carmela Ruales, una mujer de 84 años que padece de fibrosis pulmonar. Necesita estar bajo la conexión de oxígeno durante todo el día, pero cuando se corta la energía en su casa, se apaga el concentrador al que vive atada, conectan un tanque de reserva y tiene que salir en busca de electricidad.

Es un problema que les mantiene con incertidumbre, ellos viven en un barrio que no ha sido regularizado, perteneciente a la parroquia de Conocoto, a unos 15 minutos de la zona urbana de Quito. “Cuando se va la luz me pongo ese aparatico (tanque de oxígeno) hasta que me puedan sacar, de ahí me voy donde mis hijos, donde tienen luz, a otra casa hasta que venga la luz aquí”, expresa con pesar en su mirada.

Mientras se sienta en el sillón de su sala, Carmela cuenta que salir de su casa es una travesía. Tiene que caminar por unas gradas con pendiente, ese tramo de unos 100 metros aproximadamente le obliga a hacer tres descansos, pues la mínima actividad física hace que se agite.

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Su enfermedad ha ido avanzando con el tiempo, antes tenía que usar dos litros de oxígeno desde ese concentrador. Ahora requiere tres litros. La mujer enfatiza que le molesta estar con la cánula nasal durante todo el día. Tiene que usar una crema tres veces diarias, le duele mucho la nariz, no puede caminar bastante porque de inmediato se descompensa.

Para bañarse tiene que recibir cuatro litros de oxígeno y debe hacerlo con la puerta abierta, con algún familiar vigilando, pues podría tener alguna caída o complicación respiratoria.

Toda esta historia se agudiza más al conocer que no tiene luz eléctrica y agua potable propias, comparte con cuatro casas más una conexión que viaja desde otra vivienda, una vecina que decidió apoyar a los moradores del barrio conocido como Salvador Celi o División Chulca o Bosques del Puente 2.

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Diego Salazar, expresidente barrial, puntualiza que son aproximadamente 30 familias que compraron su terreno hace más de 25 años y que hasta ahora no tienen sus papeles en regla. En aquel entonces pagaron 12 millones de sucres, moneda que estaba en vigencia en Ecuador hasta el año 2000.

QUITO.- Diego Salazar camina por las gradas que conducen a su casa. Este sector no cuenta ni con agua ni con luz eléctrica por lo que algunas familias han comprado cables para llevar luz desde el barrio Salvador Celi, pero debido a la distancia el fluido eléctrico es deficiente. Foto: Alfredo Cárdenas.

El ciudadano comenta que existe un solo medidor de agua potable y de energía eléctrica para las cinco casas, que las conexiones pertenecen a una vecina que les comparte a estas familias y ellos tienen que pagar los montos que a veces son demasiado altos, superiores a $ 150.

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Como la vivienda que alimenta a estas casas está ubicada a más de 300 metros, la intensidad de la energía no es la misma. Salazar comenta que a veces la luz se corta de manera repentina o el agua pierde su fuerza, por lo que tienen que esperar que los vecinos dejen de usar el servicio básico para que otra casa pueda hacer uso de este.

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Gloria Montenegro, nuera de Carmela Ruales, señala que no pueden conservar muchos elementos en la refrigeradora, pues cuando se va la luz se dañan los productos. No tienen lavadora, la que compraron se quemó, la licuadora se apaga en medio de su trabajo y esto se suma al miedo que tienen que durante la noche tengan un corte de luz y no puedan socorrer de emergencia a su suegra.

Salazar agrega que en el pasado contrataron a un equipo de arquitectos que cobraron $ 7.400 por los trabajos de legalización del barrio, pero ahí identificaron que un terreno no paga el impuesto predial por más de diez años, por lo que los trámites se mantienen suspendidos, no tienen mayor ayuda.

“Yo me he ido a la empresa de agua potable a solicitar un medidor de agua, pero ellos nos tienen como invasores a nosotros, si nosotros compramos, nos mintieron, no tenemos las escrituras, no tenemos nada porque nos mintieron. Un abogado y un arquitecto en complicidad con el señor de aquí del barrio buscaban compradores para que vengamos acá”, expresa con decepción el ciudadano.

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Este Diario consultó con personal del programa Regula tu Barrio, del Municipio de Quito, sin embargo, hasta la publicación de esta nota informativa no hubo respuesta.

Lo que piden los ciudadanos es que se permita la instalación de medidores en cada casa, mientras mantienen el proceso de regulación del barrio. Especialmente los familiares de Carmela, quien tiene un carné de discapacidad, hace algunos años el Gobierno le suspendió el bono, y cada día se aferra a la vida bajo la incertidumbre de no contar con los servicios básicos de manera ininterrumpida. (I)