El legislador Camilo Salinas es médico y miembro de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la nueva Asamblea Nacional. En entrevista con este Diario analizó la derogatoria de la tabla de consumo de drogas que oficializó el presidente Daniel Noboa el pasado 24 de noviembre.

Desde su postura en el Legislativo detalla las acciones que se emprenderán para brindar herramientas al Ejecutivo en la solución de esta problemática.

Como profesional de la salud y en su experiencia como exministro de Salud habla sobre la falta de profesionales en ciertas ramas y la decisión política que se requiere para trabajar en el tema.

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Desde la comisión del Derecho a la Salud y Deporte, ¿en qué se va a trabajar dado que el presidente Daniel Noboa derogó la tabla de drogas?

La derogatoria total de la tabla de consumo de drogas que estaba vigente desde 2013 nos invita a que desde la Asamblea trabajemos en aportar con leyes que favorezcan y que puedan ser herramientas para la atención de la problemática.

Desde nuestra bancada vemos con buenos ojos esta decisión, eso sí hay que informar. Nosotros aplaudimos esa voluntad política que deberían haber tenido los otros presidentes y que realmente lo hizo directamente el señor Noboa.

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Entonces, hay que darle herramientas, por ejemplo, ya está con objeciones parciales por parte del expresidente Lasso el proyecto de Ley de Salud Mental. Esta normativa es muy necesaria para poder ayudar y aportar en la formación, el fortalecimiento y también el tratamiento del fenómeno socioeconómico que es la droga.

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¿En qué aportaría la aprobación de esta ley?

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Se establecería la necesidad de tener psicólogos de acuerdo a lo que indica la OMS (Organización Mundial de la Salud), que por cada 100.000 habitantes tiene que haber 20 psicólogos.

Aparte de eso, en esta ley se habla de que los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías y prefecturas pueden invertir, pueden aportar, pueden ayudar principalmente en el control, en la necesidad de poder tener infraestructura para el abordaje integral del fenómeno socioeconómico como, por ejemplo, los centros de atención ambulatoria.

Entonces, la ley sabemos que va a aportar mucho y es importante que nosotros como comisión de Salud demos esa herramienta y esperamos que sea lo más pronto para poder ayudar al país.

¿En qué más se trabajaría o se apoyaría?

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Está el tema judicial. Vemos que también la Corte de Justicia, con el presidente, entiendo yo, ya está trabajando también en algunas acciones. Por ejemplo, que en lo judicial se sepa cómo atender a las personas que son detenidas con posesión de droga. El identificar que se está al frente de un consumidor que tiene un problema, un problema de salud pública.

Es importante que la justicia se prepare porque realmente no podemos criminalizar a alguien que tiene un problema de salud pública.

Hay que entender que no ha mejorado, le digo así, no ha mejorado y es totalmente falso que una vez que tuvimos la tabla de consumo de droga disminuyeron las personas detenidas; de hecho, incrementaron.

¿Por qué tiene esa teoría?

Porque las personas que venden droga, los microtraficantes, lo que han hecho es dotarles, regalarles dosis en poca cantidad porque se justifica que pueden tener por la tabla. Eso hace que esos señores, estos jóvenes ya comiencen a ser los futuros microtraficantes.

¿A quién detienen?, detienen lamentablemente a los que ya están inmersos en la droga, es decir, a los adictos y que ya tienen 6, 7, 8 paquetes y que incumplen las normativas.

En este caso, ¿el involucramiento que va a existir desde su comisión será llevar adelante este proyecto o alguno más?

Eso ya está y es nuestro primer punto en la hoja de ruta. Hemos conversado, aunque no nos hemos podido reunir porque lamentablemente el presidente de la comisión tuvo un accidente de tránsito esta semana y está siendo sometido a una cirugía de cadera.

Pero ya tenemos dentro de nuestra hoja de ruta que esto es lo primero, hay que tratar eso para darle herramienta al Gobierno nacional y al Ecuador.

Tal como está el proyecto, incluso con las objeciones, ¿va a requerir alguna reforma?

Hay unas objeciones parciales que son puntuales, creo que es importante analizarlas. Por ejemplo, hablan de la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. En la anterior ley se indicaba que los gobiernos tenían ciertas obligatoriedades (en el tema de centros de tratamiento de adicciones).

El expresidente indicó, en esas objeciones, que se tiene que hacer un trabajo interinstitucional porque no solamente los gobiernos autónomos pueden o saben o conocen, sino que tienen que trabajar conjuntamente con el Estado para poder hacer un abordaje integral de atención en este fenómeno socioeconómico.

Hemos revisado la ley, tenemos que aprobarla rápido y si es que de pronto se necesita algo en el camino se tiene que reformar. Por ahora, lo principal es darle esa herramienta al presidente de la República para que pueda trabajar. Asimismo, apoyar en lo que están trabajando desde la parte de justicia, porque eso va de la mano para que no tengamos inconvenientes en detener o meter preso a personas que no justifican.

Con la derogatoria de la tabla se ha hablado de la falta de profesionales capacitados para el tratamiento de adicciones. Asimismo, se ha indicado que hace falta infraestructura para trabajar en esta problemática. ¿Qué lectura le da a esas opiniones, dado que usted es médico y fue ministro de Salud?

Sí, hacen falta más profesionales, pero antes de eso tenemos que puntualizar al menos dos ejes. El eje de infraestructura para atender es escaso, es nulo porque realmente, repito, solamente hay tres centros.

Segundo, si es que hablamos de centros ambulatorios, todos los centros de salud pueden ser centros ambulatorios, esto lo conozco y sé porque fui ministro de Salud y funcionario de carrera de la misma cartera.

Yo trabajé en la área de vigilancia epidemiológica en donde está la Estrategia de Atención del Fenómeno Socioeconómico de las drogas. Esa estrategia tiene por lo menos unos 6 a 8 años que está en función y en ejecución en el Ecuador. También hay las medicinas en el cuadro para tratar el síndrome de abstinencia.

Entonces, ¿qué es lo que se requiere?

Son más profesionales, definitivamente. Hay un psicólogo que está dando atención en cinco centros de salud y que está rotando un centro de salud por día. Yo lo digo porque conozco, porque yo manejé antes de entrar a la Asamblea, manejé el programa de la estrategia de abordaje del fenómeno socioeconómico.

En Los Ríos, por ejemplo, teníamos unos 10 psicólogos y había 32 centros de salud, imagínese qué es lo que tenían que hacer. La brecha de talento humano para el tratamiento, para la salud mental es totalmente nula.

Y ojo, no es que faltan profesionales que estén preparados, existen profesionales porque las universidades están dando estos tipos de profesionales, sino que no existe la partida presupuestaria para la contratación. Ese sería el eje que faltaba, el eje de talento humano que se necesita.

¿Y la preparación especializada?

Preparar sí, de pronto, más psiquiatras especializados para que tengan en los hospitales. Personas que conozcan y manejen a estos pacientes y que tengan especialidad, como la doctora Sagñay, que conozco que es especialista solamente en el manejo de adicciones. Eso es importante, que el país en estos momentos vaya invirtiendo, porque el programa existe.

Las normativas técnicas existen y están dentro del Ministerio de Salud Pública. Lo que falta es inversión y mayor tipo de interés ahora más que nunca, cuando ya la tabla fue derogada.

Pero, ¿qué es lo que frena que no se avance en el abordaje a esta problemática que afecta a grupos vulnerables como niños y jóvenes?

Principalmente el financiamiento. Porque si no tenemos eso no se pueden construir, por ejemplo, centros de atención de internación, que son los que se requieren en diferentes partes del país.

Aquí, en la provincia de Los Ríos, se requieren por lo menos dos. Es increíble cómo hay centros privados de desintoxicación en los que están 30 hasta 50 jóvenes y que las familias pagan hasta $ 500 para que los recuperen o rehabiliten. Entonces, imagínese qué es lo que se necesita.

Las normativas técnicas existen y están dentro del Ministerio de Salud Pública. Lo que falta es inversión y mayor tipo de interés ahora más que nunca, cuando ya la tabla fue derogada”

Camilo Salinas, legislador

Algunos expertos han mencionado que se podrían implementar centros en edificios desocupados e incrementar el número de sitios para desintoxicación...

Se requiere voluntad política, porque aquí recuerdo algo y aplaudo lo que hicieron y hay que decirlo. Cuando hubo el COVID-19, la administración de Cynthia Viteri para poder ayudar y salvar vidas creó el hospital Bicentenario y luego ya le dio otro uso. Entonces, ahí se ve que es voluntad política. Rommel Sarmiento también fue otro alcalde que implementó algo similar frente a otra problemática por el 2018 o 2019.

Es voluntad política, es ganas. Es decir, que los gobiernos autónomos digan queremos mejorar, queremos aportar, queremos ayudar. Entonces, yo creo que es voluntad y conocimiento.

Repito, la estrategia existe y tiene su normativa y tiene su reglamentación y está dentro del manual del Ministerio de Salud Pública, con funcionarios desde la planta central, desde la planta zonal, desde la planta o sede distrital. Existe en cada centro de salud una persona que está encargada, aunque no tenga la especialidad de salud mental o de psiquiatría, es una persona encargada que conoce este sistema o conoce cómo es el abordaje básico, por lo menos, para poder tratar o captar un paciente.

Existe el programa, le digo porque lo conozco. Fui ministro y yo, después de ser ministro, regresé al Ministerio de Salud Pública y formé parte y estuve en el programa como especialista.

Si ya existe la estrategia, se va a trabajar en la Ley de Salud Mental, ¿en qué más prevé aportar el Legislativo, en específico, la comisión a la que pertenece?

Lo otro que se tiene que volver a tratar, que va a tener un tiempo, sinceramente, pero es necesario para el país, no solamente por el problema de drogas, sino para todo un sistema integral, es el Código Orgánico de Salud. En la ley de salud actual hablamos todavía de lo que es la prevención del cólera, por ejemplo.

¿Qué tiene el Código de Salud? ¿Por qué para nosotros es muy necesario? Porque aquí se regula, se controla -en los diferentes artículos- y se normalizan espacios de atención ambulatoria y de internación.

Recordemos que este Código Orgánico fue vetado totalmente por el presidente Moreno en 2020. Ya tenemos dos años y, de acuerdo a la Ley Orgánica Legislativa, después de un año de un veto total presidencial se puede volver a tomar. Estamos a tiempo y lo estamos trabajando.

¿Qué habla este Código Orgánico? Que se puede garantizar la normativa de acreditar centros de atenciones privados para que ellos brinden y vendan servicios al Estado a pacientes que requieran o tengan problemas de adicciones, no solamente en drogas, sino también en alcohol y otro tipo de adicciones y otro tipo de problemas.

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¿Ese sería el segundo punto de la agenda prioritaria que también sería herramienta en el tema de drogas?

No solamente por el tema de drogas, sino porque puede llegar cualquier pandemia, cualquier enfermedad de nuevo y se requiere un cuerpo legal fuerte que permita quizá ir hacia estado de emergencia que permitan contrataciones.

En el país no se puede llegar a una emergencia sanitaria por ningún motivo, porque depende mucho, depende mucho de que la Corte Constitucional nos apruebe. Si queremos, ahora el ministro de Salud, que tiene toda la voluntad de intervenir en este tema, no lo puede hacer, no puede llamar a una emergencia sanitaria por el problema de drogas porque se depende de la Corte.

No hay un Código Orgánico vigente en donde se hable de problemas de salud pública, de problemas de pandemias o de enfermedades, o problemas como lo que está pasando actualmente en el Ecuador. El consumo de drogas es un problema de salud pública.

Se requiere un un código donde garanticemos o normalicemos que pueda llegar cualquier tipo de emergencia, inclusive el mismo problema de adicción.

Eso demorará (el tratamiento del Código) por lo menos estos 15 meses, pero si no somos nosotros, debería ser la siguiente Asamblea, pero hay que darle al Ecuador, no al gobierno, al Ecuador, un código que normalice todo. (I)