Este 9 de junio venció el plazo para que la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo informen a la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, de la ciudad de Quito, sobre el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas al movimiento Pachakutik que pretendían impedir la destitución de Guadalupe Llori como presidenta del Parlamento.

El juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe Pedro Troya Aldaz pidió información tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Asamblea sobre el cumplimiento de la medida cautelar que dispuso el 27 de mayo, a fin de que la entonces presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, y el pleno del Legislativo se abstuvieran de conocer el informe elaborado por la comisión pluripartidista ad hoc en el que se recomendaba su destitución por incumplimiento de funciones.

Juez pide información sobre cumplimiento de medida cautelar a favor de Guadalupe Llori y la Asamblea rechaza intromisión de la justicia

El pedido del juez responde a la solicitud de los asambleístas Salvador Quishpe y Sofía Sánchez, coordinadores del bloque de Pachakutik, y el coordinador nacional del movimiento Pachakutik, Marlon Santi, de que certifique el cumplimiento de la medida cautelar otorgada el 27 de mayo pasado para evitar que el pleno del Legislativo conociera el informe de la comisión pluripartidista ad hoc.

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Paralelamente, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 7 de junio una resolución que rechazó la intromisión de la justicia en decisiones políticas del Parlamento, y dispuso al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que en el plazo de 48 horas presente una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe, del Distrito Metropolitano de Quito, Pedro Troya Aldaz, por cuanto existen fundadas presunciones de que admitió un pedido de medidas cautelares constitucionales autónomas en contra de cinco miembros de la Asamblea, irrespetando las reglas de aplicación obligatoria emitidas por la Corte Constitucional bajo prevenciones de sanción dentro de la sentencia n.° 034-13-SCN-CC de fecha 13 de mayo del 2013.

Saquicela, este 9 de junio, dijo que será el secretario general de la Asamblea, Álvaro Salazar, quien responda a la petición del juez con base en lo que reposa en esa dependencia. Y dijo que está en análisis el documento de queja que presentará ante el Consejo de la Judicatura.

En cambio, la asambleísta Nathalie Arias (CREO) comentó que la Asamblea Nacional tendrá que responder al requerimiento del juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe enmarcada en la verdad, y reiteró que es ilegal lo actuado en el pleno del Legislativo con respecto a la destitución de Guadalupe Llori como presidenta del Parlamento.

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La destitución de Llori, a criterio del oficialismo, se realizó por fuera de procedimientos legislativos y de la ley, haciendo uso de un cambio del orden del día después de que ya se había arrancado una sesión. Este hecho no tiene precedentes y representaría una mala práctica dentro del proceso parlamentario.

El Legislativo tendrá que responder sobre sus actos, y observó la resolución que aprobó el pleno de la Asamblea en la sesión del 7 de junio, donde se rechazó la intromisión de la justicia en las decisiones políticas del Parlamento.

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Para la legisladora Nathalie Arias, el capítulo de Guadalupe Llori y la presidencia de la Asamblea Nacional no está cerrado, porque hay medidas cautelares en firme, sobre lo cual deberá pronunciarse. Dijo que su presencia en la Asamblea es para evitar que se detenga la actividad. (I)