La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) no está de acuerdo con que una de las dos cárceles de alta seguridad ofrecidas por el Gobierno se construya en la provincia de Pastaza.

La organización mostró sus reparos través de un comunicado publicado la tarde del jueves 11 de enero, después que el presidente Daniel Noboa presentó los diseños aprobados de los dos nuevos centros de privación de libertad que se levantarán en Pastaza y Santa Elena, cada uno con una capacidad para 736 internos, cuyas construcciones se iniciarán en los próximos días.

“Reiteramos nuestro rechazo a la construcción de una megacárcel de máxima seguridad en la provincia de Pastaza, que solo incrementará los índices de criminalidad e inseguridad en nuestros territorios, como ya lo han advertido la Asamblea Nacional del Ecuador y la CIDH. Los mega complejos carcelarios están directamente relacionados con los mayores hechos de violencia en Ecuador”, dice el documento, que lleva la firma de José Esach Puenchir, presidente de la Confeniae.

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En el texto se condenaron los atentados recientes en Napo y Orellana, “y todo acto delictivo que se ha instaurado en el país”. Por ello, convocó a las bases de las 23 organizaciones que forman la Confeniae para activar las guardias indígenas.

Para la Confederación, la oleada de violencia que vive el país es fruto de la “incapacidad de los Gobiernos neoliberales para atender problemas estructurales, como el crimen organizado y la crisis del sistema penitenciario”.

Que los componentes que llevan a un “Estado fallido” tienen que ver con la falta de políticas públicas incluyentes, el desmantelamiento y corrupción estatal, el narcotráfico, el discurso punitivo y la ausencia de un proyecto político que priorice la vida.

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La Confederación criticó que la salida a este problema “no se encuentra en el establecimiento estados de excepción periódicos, ni la declaración de un conflicto armado interno o peor aún la creación de más cárceles, sin políticas reales de inclusión y rehabilitación social”.

El martes 9 de enero, miembros de la Confeniae junto con más organizaciones sociales y Gobiernos parroquiales protagonizaron una marcha pacífica en Puyo, en oposición al nuevo complejo carcelario. Aseguraron que el proyecto no ha sido consultado con los habitantes de la provincia. (I)