Veintiún días después de la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, las operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional habrían reducido el nivel de homicidios en el Ecuador a 285,20, según datos oficiales.

El 9 de enero de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, suscribió el Decreto Ejecutivo 111 que declaró la vigencia de un estado de excepción y conflicto armado interno por 60 días, que movilizó a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para controlar los eventos violentos en cárceles y contra la población, reconocidos como «terrorismo» y que son atribuidos a 22 grupos de delincuencia organizada (GDO).

Los operativos conjuntos a nivel nacional darían cuenta -de acuerdo con información de la Policía Nacional- de que al 25 de enero de este año y tras la vigencia del Decreto 111, el nivel de homicidios, en un promedio mensual, bajó a 285,20.

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En este enero, hasta antes del Decreto 111, este nivel se encontraba en 874,88. En el 2023, en 857,88; en el 2022, en 398,92; y, en el 2021, en 177,83, reflejan las estadísticas oficiales.

El jefe del Gobierno contó en una entrevista con Ecuavisa, este 30 de enero, que al momento el país está en una guerra contra 40.000 personas armadas y que mueven $ 60.000 millones al año en producto (sustancias ilícitas) que es el equivalente a la deuda externa del Ecuador.

Dijo que quisiera que el país vuelva a la normalidad, pero debe haber cautela y proteger a la ciudadanía.

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Ante la cercanía del feriado de carnaval y la vigencia de una semaforización para los cantones considerados en riesgo, el mandatario dijo que pedirá un informe a los cuerpos de seguridad para determinar la viabilidad de que se hagan programas para promover el turismo.

Aunque Noboa no mencionó datos sobre la reducción de homicidios, explicó que para mantener estos niveles se tratará de sostener un esquema de control constante en las cárceles e intentar no volver al sistema aplicado por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

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También, controlar el hacinamiento y establecer mecanismos de trabajo con la Función Judicial para evitar que mediante acciones jurisdiccionales se libere a delincuentes, poniendo en riesgo la seguridad de la población.

Se mantendrá la militarización de puertos, el fortalecimiento de las fronteras y una cooperación internacional constante «hasta que vuelva la paz».

Añadió que una alternativa para reducir la criminalidad en los centros de reclusión es que las Fuerzas Armadas continúen cooperando con el SNAI. (I)