La ruptura de relaciones diplomáticas con México comienza a exponer las primeras consecuencias para Ecuador, tras la irrupción de la fuerza pública a la embajada de ese país en Quito el 5 de abril. La participación de 1.338 ecuatorianos en la consulta popular y referéndum del próximo domingo estaría en riesgo.

Para el próximo 21 de abril está convocado el sufragio por el plebiscito y referéndum de once preguntas, de las que diez son una propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó con la distribución de los paquetes electorales a las tres circunscripciones del exterior y entre esos países, está México en donde hay 1. 338 ecuatorianos habilitados para votar.

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En las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó al CNE que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó a la embajada de Ecuador que no hay inconveniente en que se lleve a cabo las elecciones en las instalaciones de los consulados de la ciudad de México y Monterrey.

No obstante, el Gobierno mexicano, de Andrés Manuel López Obrador, no dispondrá de la presencia de la fuerza pública para garantizar la seguridad de la jornada.

Además, la Misión Diplomática mexicana les informó que las autoridades solicitaron el cierre de toda representación ecuatoriana y la salida de todo el personal diplomático, consular y administrativo, lo que incluye la embajada, los consulados en la ciudad de México y Monterrey, oficina comercial y agregadurías de defensa y policía. Para lo que otorgó un plazo de 60 días.

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A esto se suma que, la información que llegó al Palacio de Najas en Quito, da cuenta que en las redes sociales se están difundiendo mensajes de odio y amenazas al personal diplomático en la embajada y consulados, lo que pondría en riesgo la seguridad de los ecuatorianos que acudan a votar.

Debido a la falta de recursos en el país, la Cancillería propuso al Consejo Nacional Electoral evaluar un incremento de presupuesto para esa zona electoral y, de esa forma, refozar la seguridad de los dos recintos, de los funcionarios diplomáticos y los electores.

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De lo contrario, se deja a consideración de la autoridad electoral «considerar la suspensión de la jornada electoral en Monterrey y ciudad de México», en las que están habilitados para sufragar 95 y 1. 243 personas, respectivamente.

Al interior del Consejo hay preocupación por esta imprevisto, aún más cuando el Ministerio de Economía y Finanzas no ha asignado el presupuesto para desarrollar el proceso, que bordeó los $ 60 millones.

Hace pocos días, la presidenta de la institución, Diana Atamaint, indicó que hasta el momento, el Gobierno nacional no ha transferido recursos para financiar actividades inherentes al proceso.

Por lo que los proveedores de servicios, el Instituto Geográfico Militar (IGM), contratado para imprimir las papeletas y demás material electoral, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y, el mismo CNE han dispuesto de sus recursos propios.

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Esta crisis diplomática se dio luego que el 5 de abril de 2024, el jefe del Gobierno, Daniel Noboa Azín dispuso un operativo con la Policía Nacional que ingresó a la embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de la República en el gobierno de su coideario, Rafael Correa, pues está sentenciado por hechos de corrupción.

Un día antes, México anunció que había otorgado a Glas el asilo político al identificarlo como un perseguido.

Por esta medida, la administración de Andrés López Obrador denunció al Estado ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por infrigir la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuyo capítulo 22 declara la inviolabilidad de los locales diplomáticos. (I)