Cuatro años de un controvertido periodo del Consejo de Participación Ciudadana llega a su fin, dejando problemas en los concursos de selección de autoridades de control

En menos de 48 horas, siete vocales dejarán los despachos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con problemas pendientes por resolver sobre una de las principales competencias del organismo, como es la designación de autoridades de control del Estado.

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Este domingo 14 de mayo de 2023 concluye el periodo de funciones de un pleno que vio pasar 19 consejeros que se eligieron en los comicios del 2019, para dar paso a una nueva gestión que se iniciará con la posesión de los nuevos consejeros en la Asamblea Nacional, en un acto que tendrá lugar a las 10:00.

Previamente, el viernes último se produjo una reunión para finiquitar la transición en la que participaron los consejeros salientes Gina Aguilar, Graciela Mora, Teddy Tama, Carlos Figueroa, Aland Molestina, Mónica Moreira y Olindo Nastacuaz y, los entrantes: Alembert Vera, Johanna Verdezoto y Mishelle Calvache.

Los otros cuatro Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifáz y Andrés Fantoni no asistieron por compromisos personales.

En el acto, que se desarrolló en el pleno del Consejo en Quito, Gina Aguilar les entregó un informe con el diagnóstico del estado institucional; hubo mensajes de éxitos a los nuevos vocales y un brindis promovido por el consejero Molestina quien les deseó ‘buen viento y buena mar por el bien del país’.

La vocal Johanna Verdezoto comentó que la primera reunión del Consejo se efectuaría el lunes 15 de mayo y no el domingo después de la posesión. Aunque, desde otras fuentes de información se conoció que la primera reunión se realizaría el mismo domingo después de la posesión.

En tanto, los consejeros podrían tener varias sesiones el fin de semana para resolver puntos pendientes. Uno de ellos sobre la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.

El objetivo es tratar un informe jurídico que recomienda al pleno titularizar a Raúl González Carrión como superintendente, pese a un fallo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que en el trámite de una acción de protección dejó sin efecto su designación que se hizo en julio del 2022.

Este 14 de mayo se cumplirán 100 días de labores de estos últimos vocales y en la víspera dejan a sus sucesores tres concursos de selección de autoridades en ciernes, envueltos en líos judiciales y dudas.

En marcha y con la participación de las comisiones ciudadanas de selección, se efectúa la elección de los titulares de la Defensoría Pública, de la Contraloría General del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde el 12 de abril, la comisión que elegía al defensor público dejó de funcionar. Sus diez comisionados fueron destituidos por el CPCCS por haber incumplido con sus deberes y obligaciones.

El pleno ofreció posesionar a los suplentes, pero ello no ha sucedido y tras consumarse la fase de postulación, admisibilidad y calificación de méritos, el concurso se quedó suspenso con quince participantes que rindieron su examen de conocimientos.

El CPCCS no resolvió qué pasará con la elección, pues el 28 de marzo, un juez de Manabí, Danilo García, emitió una medida cautelar en el trámite de una acción de protección que suspendió el proceso hasta que se cumpla con los plazos reglamentarios para tomar esa prueba de conocimientos.

Esto sucedió porque quien presidió esa instancia, William Falconí, convocó a rendir el examen escrito con menos de 72 horas de anticipación a los postulantes, pese a que el reglamento señala que debe hacerse en un término de quince días luego de iniciada la calificación de méritos.

En el concurso de elección de la primera autoridad de la Contraloría, un juez de Rumiñahui, Diego Gómez, aceptó una acción de protección planteada por una ciudadana, Andrea Medina Bachmann, que lo “retrotrajo” hacia la admisibilidad de 113 concursantes.

El juez ordenó que el proceso se realice con un reglamento emitido en el 2021 en la presidencia de la exconsejera del CPCCS Sofía Almeida y que fue derogado, pues se aprobó una reforma reglamentaria en el periodo del expresidente y exconsejero Hernán Ulloa.

Adicionalmente, el juez exigió que se incorpore la acción afirmativa por paridad de género, otorgando un punto y en este caso, por ser mujer.

Desconcertados, los vocales del CPCCS resolvieron que el departamento jurídico analice los efectos del fallo judicial, ya que la orden judicial es que se haga con un reglamento derogado y, puntuando la acción afirmativa por paridad de género que no está contemplada en las normas que guían el concurso.

Respecto de la renovación de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, la comisión ciudadana arrancó con la calificación de méritos de unos 160 postulantes; aunque la fase de admisibilidad no la cierran porque deben resolver sobre la participación de cinco personas.

La comisión recibió 16 pedidos de reconsideración de la admisibilidad y en el análisis se resolvió solicitar a las instituciones estatales documentos que los concursantes no habrían incluido en sus expedientes. Para ello, los comisionados se ampararon en el ‘principio de eficacia’ y procedió a admitirlos hasta que los organismos envíen la información pertinente.

De forma paralela, el pleno del CPCCS acelera sus actividades antes de concluir este periodo. Desde el 8 de mayo han reinstalado varias sesiones para tratar la aprobación de veedurías ciudadanas, atender pedidos sobre la calificación de héroes y heroínas; entregar reconocimientos a miembros de grupos de la sociedad civil; y aprobar actas.

En estos cuatro años del Consejo de Participación Ciudadana funcionó un cuerpo colegiado que se eligió por primera vez por voto popular, en los comicios seccionales del 2019, al modificarse el mecanismo de selección de sus vocales, que fue de concursos públicos de méritos al sufragio universal.

La gestión se caracterizó por las continuas reconfiguraciones debido a los juicios políticos que enfrentaron sus exvocales y la primera destitución de las siete autoridades que haya resuelto la Corte Constitucional por incumplir uno de sus fallos.

Es así, que Graciela Mora, Gina Aguilar, Carlos Figueroa, Aland Molestina, Olindo Nastacuaz, Teddy Tama son suplentes de los suplentes, que se principalizaron al agotarse la lista de los trece que fueron posesionados en el 2019.

Solo Mónica Moreira es una de las suplentes del primer cuerpo colegiado que sobrevivió a las turbulencias del organismo.

En total, por los despachos del CPCCS pasaron 19 consejeros y cinco presidentes. En el 2019, se posesionaron: José Tuárez, Victoria Desintonio, Walter Gómez, Sofía Almeida, Christian Cruz, María Fernanda Rivadeneira y Rosa Chalá.

Tuárez, Chalá, Desintonio y Gómez estuvieron apenas 63 días en sus cargos, pues fueron censurados y destituidos por un juicio político que se efectuó en el Parlamento por su intento de revisar la designación de los nueve jueces de la Corte Constitucional que realizó el CPCCS de transición.

De ese primer pleno, Tuárez, quien era cura, presidió el CPCCS y tiempo después de su salida fue procesado por asociación ilícita al descubrirse que estaba envuelto en una red de corrupción para la venta de puestos en el sector público.

Para reemplazar a los cuatro exvocales, asumieron Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo; Christian Cruz fue electo presidente con Sofía Almeida a la vicepresidencia.

El 13 de octubre del 2020, Cruz también fue enjuiciado políticamente por aprobar unilateralmente reglamentos y fue cuestionado por acceder a un carné de discapacidad para su beneficio, presuntamente fraudulento.

Lo sucedió Sofía Almeida y David Rosero en la vicepresidencia. Para llenar la vacante de Cruz se principalizó Hernán Ulloa.

Con el recambio de fuerzas, en febrero del 2022, Ulloa junto a Rivadeneira y Bravo formaron un nuevo bloque al que se les sumó Estupiñán y con ello removieron a Sofía Almeida y David Rosero de sus dignidades.

Ulloa fue a la presidencia y Rivadeneira a la vicepresidencia.

Esta nueva mayoría de Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán avanzó con los procesos de designación de autoridades, esencialmente para la Defensoría Pública, la Contraloría General y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Impulsaron reformas a los reglamentos que se aprobaron con el rechazo de la minoría que lideró Almeida y que irritaron a los bloques legislativos del correísmo en UNES y el PSC.

La reforma al reglamento para elegir al nuevo contralor detonó en un juicio político por el que fueron censurados y destituidos los cuatro exvocales. Aunque se mantuvieron en funciones por casi dos meses acogiéndose a una acción de protección que les otorgó el exjuez destituido, Ángel Lindao.

Pese a ese periodo de gracia con el que siguieron actuando, Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán no pudieron ponerse de acuerdo para designar al presidente y vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) como lo había ordenado la Corte Constitucional y fueron destituidos.

Esa destitución alcanzó a Almeida, Dávalos y Rosero, quienes no participaron activamente del proceso de designación, por lo que fueron sancionados por omisión.

De esos plenos solo quedó Mónica Moreira, consejera suplente electa en el 2019. Con la destitución de los siete vocales, el CPCCS volvió a reconfigurarse con la principalización de seis suplentes de los suplentes.

El 9 de febrero del 2023 se incorporaron al Consejo y con una ‘mayoría móvil’ se eligió a Gina Aguilar y Teddy Tama en la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

Con su administración, este 14 de mayo cumplirán cien días de gestión y sus acciones no han estado exentas de la polémica.

Al llegar, lo primero que hicieron fue designar a Wilman Terán como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura.

Luego, un 10 de marzo anularon 61 resoluciones que se tomaron entre noviembre y diciembre del 2022 de la administración de Ulloa, alegando que al ser anulada la acción de protección que benefició a los cuatro exconsejeros destituidos y censurados, sus actuaciones también debían ser anuladas.

Entre esas resoluciones estaba la designación como superintendente de Bancos de Roberto Romero von Buchwald, de una terna que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso; y, ahora con un informe jurídico interno, podrían designar en ese cargo a Raúl González Carrión.

Un último hecho que provocó una respuesta institucional fue la decisión tomada el 3 de mayo por Aguilar, Mora, Tama y Nastacuaz de “instar” a Carlos Riofrío González, contralor del Estado subrogante, a dejar el organismo. Figueroa, Molestina y Moreira no respaldaron ese pedido.

Los cuatro vocales alegaron que el tiempo de subrogación de Riofrío, del periodo que dejó pendiente el excontralor Carlos Pólit Faggioni, concluyó en marzo del 2022 y debe salir de la institución.

En respuesta, la Contraloría le “exhortó” al CPCCS a “trabajar responsablemente” en la designación de la nueva autoridad, cuyo concurso no avanza.

Estas decisiones las conocerá el nuevo pleno que tome posesión desde este domingo, cuyas labores arrancarán oficialmente el 15 de mayo, cuando recibirán en un acto simbólico, las llaves de la puerta del edificio del CPCCS en Quito. (I)