Concurso para elegir al nuevo contralor del Estado, ‘bloqueado’: deberá hacerse con un reglamento derogado y en el que se califique la acción afirmativa por ser mujer

A cinco días de que se produzca el cambio de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el concurso público para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado no avanza y, al contrario, se enfrenta a nuevas incertidumbres, debido a que deberá realizarse con un reglamento anterior y que fue derogado e incorporando puntajes por acción afirmativa por ser mujer.

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Las nuevas disposiciones las dictó un juez de una Unidad Judicial del cantón Rumiñahui (Pichincha), Diego Gómez Guayasamín, quien aceptó una acción de protección propuesta por una mujer de nombre Andrea Medina Bachmann, que desempeña funciones en instituciones del Estado y que impugnó el desarrollo del concurso público de méritos y oposición que está a cargo de una comisión ciudadana de selección.

Medina pidió que se declare la vulneración al derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la paridad de género y a la participación ciudadana. Esgrimió que el concurso no cuenta con acción afirmativa y que al ser una activista social, proveniente de la fundación Mujeres Reales, tiene el interés de participar “en el futuro” en estos concursos, pues hasta la actualidad no ha habido una mujer ganadora para ejercer ese cargo y por ello cree que se vulneró su derecho a la paridad de género.

El juez acogió sus pedidos y ordenó que el concurso se retrotraiga a la etapa de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de 118 postulantes que se inscribieron en la convocatoria del 11 de noviembre del 2022.

A ello se suma que ordenó que la verificación de requisitos o etapa de “admisibilidad”, que se realizó hasta enero pasado, se vuelva a hacer, pero con el reglamento para la selección de esa autoridad que se aprobó el 18 de julio del 2021 por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana que presidió la exconsejera destituida por sentencia de la Corte Constitucional (CC) Sofía Almeida.

Con ello, Gómez Guayasamín dejó sin efecto el reglamento que incorporó una serie de reformas que se hicieron en abril del 2022, por el pleno que lideró el también exconsejero, destituido por la CC, Hernán Ulloa. Entre ellas, la inclusión de una prueba práctica para los postulantes y que la secretaría de la comisión ciudadana no la ejerza un delegado de quien sea presidente del CPCCS.

Gómez dispuso que se cumpla el cronograma del concurso y que se otorgue un punto por paridad de género, además que se descalifique a aquellos concursantes que incumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento, como la presentación de la declaración juramentada.

Esto, porque la comisión ciudadana admitió a unos 70 postulantes que habrían incurrido en esa inhabilidad y permitió que pasaran a la etapa de calificación de méritos.

En el sistema de la Función Judicial no consta si el CPCCS apeló la decisión ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pero con la resolución del juez, el organismo analizaría modificar el reglamento para incluir en el apartado sobre la acción afirmativa un punto por ser mujer.

Además, sería el único concurso público en el que se incorporaría la acción afirmativa por ser mujer, ya que en otros procesos que están en marcha, como la selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública y la renovación parcial de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), no se contempla este puntaje por ser mujer.

El concurso para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado se convocó el 11 de noviembre del 2022 con el reglamento de selección que se aprobó por el CPCCS en abril del 2022 y por el que fueron llevados a juicio político y, como efecto de ello, censurados y destituidos los exconsejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira (destituidos también por la CC).

No obstante de los resultados del juicio político, el proceso avanzó con ese reglamento y se admitieron 103 postulantes, a los que en la actualidad se les calificaban sus méritos.

Frente a estos hechos, el fallo judicial generó incertidumbre en la comisión ciudadana, cuyo actual presidente, Marco Chalco, solicitó al pleno del Consejo de Participación Ciudadana que le señale directrices a seguir a propósito de lo resuelto por el juez Gómez.

“¿Cuáles son los efectos para la comisión ciudadana de lo resuelto por el juez de la Unidad Judicial? ¿Puede esta comisión continuar realizando reuniones de trabajo sobre la etapa de méritos?”, pregunta Chalco al pleno, en un oficio remitido a finales de abril.

Diez días después de la consulta, el pleno del CPCCS resolvió en la sesión ordinaria 10 de este 8 de mayo, que el departamento jurídico elabore un análisis en el que se determine cuáles son las afectaciones al concurso.

La consejera Mónica Moreira concluyó que al disponerse que el proceso se realice con un reglamento derogado “no hay concurso”.

“El anterior reglamento fue derogado, porque al no haber reglamento no hay concurso. Estas sentencias dejan un mal sabor”, dijo Moreira y se preguntó: “¿Qué es lo que quieren? Porque en este momento se retrotae a la verificación de requisitos, se deja sin efecto el reglamento. Y se quiere que se cumpla con un cronograma que, al no haber reglamento, no existe porque fue derogado”.

Otra consulta que tiene la comisión ciudadana es cómo debe calificar los méritos de los títulos de tercer y cuarto nivel de los postulantes a ser contralor.

El Consejo solicitó a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) una interpretación respecto de los títulos académicos y esa respuesta la trasladó a la comisión ciudadana, sin ahondar en una explicación.

Por eso, incluso fueron convocados a comparecer en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, en donde los legisladores del correísmo, agrupados en la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), llamaron la atención a Gina Aguilar, presidenta del CPCCS, por no atender en su pleno a las consultas hechas por los comisionados.

Los obstáculos en los concursos de selección de autoridades se producen a cinco días de que concluyan sus funciones los actuales vocales del CPCCS, para dar paso a los siete consejeros electos en las elecciones del 5 de febrero y que serían posesionados este 14 de mayo en el pleno de la Asamblea Nacional.

Así por ejemplo, la elección de la autoridad de la Defensoría Pública no avanza, después de que el 14 de abril los diez miembros de la comisión ciudadana fueron destituidos por “haber incumplido con sus deberes y atribuciones” al constatarse una serie de hechos irregulares que denunciaron postulantes y hasta asambleístas.

En tanto, la comisión ciudadana que lleva a cabo la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral se encuentra en la fase de admisibilidad de 182 ciudadanos que se inscribieron para participar.

Sobre otros seis concursos para elegir autoridades, entre ellos, la renovación parcial de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del titular de la Defensoría del Pueblo, los consejeros tienen previsto conocer en qué estado se encuentran en la sesión ordinaria 10. (I)