El correísmo quiere meterse a investigar al socialcristiano Pablo M. sobre su vinculación política con la justicia

El correísmo, representado en la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), prepara un proyecto de resolución para crear una comisión ocasional que descubra los alcances que tuvo el socialcristiano Pablo M., en su calidad de asambleísta, para ejercer presión sobre la justicia en Guayaquil.

La intención es incluir en el orden del día del próximo martes la conformación de una comisión ocasional que investigue los alcances que tuvo Pablo M. en calidad de asambleísta para ejercer presión sobre la justicia en la ciudad de Guayaquil, explicó el legislador Leonardo Berrezueta (RC).

Pablo M. asumió el cargo de asambleísta por el PSC en Guayas en julio de 2022, luego que Soledad Diab renunció a esa función para postularse como candidata a concejala. Hasta mayo de 2023 el acusado formó parte de la Comisión de Fiscalización que presidía en ese entonces Fernando Villavicencio, con quien tuvo algunos altercados.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, involucró a Pablo M. como el principal cabecilla del caso de delincuencia organizada que operaba en la justicia de Guayas y que lo denominó Purga.

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Tras conocerse el caso Purga, el correísmo empezó a armar una propuesta para plantear al pleno la conformación de una comisión ocasional que investigue a Pablo M., la que estaría integrada por siete miembros, donde cada bancada y sector político tendrían un representante, quienes investigarán el caso y deberán presentar un informe en los próximos seis meses, aunque se podría extender la indagación política seis meses más.

El correísmo espera tener el apoyo de todos aquellos bloques y sectores políticos que estén dispuestos a combatir la corrupción, porque a criterio del legislador Berrezueta, lo sucedido en el caso Purga es muy grave porque el señor Pablo M. genera una influencia sobre jueces valiéndose de la calidad de asambleísta. “Creo que es obligación de la Asamblea poder investigar este y otros casos que sean similares independientemente de la bandera política”, agregó.

Esta investigación que propone la bancada de la Revolución Ciudadana arrancará por el caso del exasambleísta, para determinar el alcance administrativo y político que tuvo valiéndose de la calidad de legislador; por ejemplo, se espera determinar con quién nomás se reunió en la Asamblea, las personas a las que recibió en su oficina, qué reuniones pidió y a qué funcionarios pidió información y con qué fines.

Berrezueta está convencido de que institucionalmente la Asamblea tiene que hacer esta investigación, porque el ahora procesado utilizó el nombre de la Asamblea Nacional.

Es bueno que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, haya mostrado apertura para conformar una comisión ocasional por encima de la Comisión de Fiscalización, porque la idea es llegar a determinar la responsabilidad política y administrativa del exlegislador Pablo M., porque lo judicial le corresponde a la Fiscalía, anotó el representante de RC.

No descartó que con la investigación salten nuevos casos de exasambleístas o actuales legisladores que habrían ejercido presión a la justicia, pero la idea es sentar un precedente para que a ningún asambleísta se le ocurra utilizar la calidad de tal para pedir favores, para ejercer influencias sobre jueces y, sobre todo, en el caso de la interferencia en la justicia o en el manejo de sentencias para generar impunidad.

Independientemente de la bandera política, sea del Partido Social Cristiano, de Acción Democrática Nacional o de la Revolución Ciudadana, añadió Berrezueta, todos quienes hayan utilizado la calidad de asambleístas para interferir o pretender interferir en la justicia tengan la responsabilidad política de responder ante las autoridades competentes.

Si han solicitado información en calidad de asambleístas e hicieron uso de ello en calidad de fiscalizadores que lo demuestren, pero si ese uso de información fue un pretexto para poner una cortina de humo para poder influenciar en jueces y en resoluciones judiciales, eso es muy grave y tendrá que incluirse en el informe, anotó el proponente de esa comisión ocasional.

El presidente de la legislatura, Henry Kronfle, no desestimó la conformación de una comisión especial para investigar la influencia política en la justicia, y dijo que apoyaría ese planteamiento en caso de presentarse.

Sería una comisión que investigue todos los delitos, más allá de que hay una Comisión de Fiscalización que puede hacer eso, pero si es necesario armar una comisión sobre la Comisión de Fiscalización, por supuesto que apoyará.

Mostró su interés de dialogar con los miembros de la Comisión de Fiscalización para que se puedan investigar «todos los casos» en los que haya indicios de hechos de corrupción.

Aunque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tomó la delantera y convocó a comparecer a la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas María Josefa Coronel para que explique cómo se realizaba el control disciplinario de jueces y servidores judiciales. Esta comparecencia se realizará este viernes 8 de marzo a las 11:00.

Comisión de Fiscalización de la Asamblea llama a María Josefa Coronel a dar explicaciones

El representante de Construye, Camilo Salinas, anunció que la próxima semana insistirán en la aprobación de una resolución que respalde la tarea que realizan la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y su equipo de apoyo en las investigaciones sobre el caso Purga.

Salinas lamentó que este 7 de marzo no haya habido los 70 votos para aprobar la inclusión de esta resolución del pleno, donde incluso faltaron los votos del movimiento Construye, otros del Partido Social Cristiano, independientes que no llegaron a tiempo. En cambio, el sector del correísmo votó en contra.

Salinas recordó que el exlegislador Fernando Villavicencio presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado sobre amenazas de muertes y citó a un grupo de legisladores, entre ellos a Pablo M.; por lo tanto, indicó, las investigaciones del caso Purga deben relacionarse con esa denuncia realizada por Villavicencio.

Aseguró que dentro de esas amenazas de muerte existen nombres de actuales legisladores y que tienen que ser investigados y cotejar con las actuales investigaciones del caso Purga, y para ello citó los apellidos de los asambleístas Cuero y González. (I)