Esteban Torres: Sería un suicidio político si los legisladores van más allá de lo que se definió en las urnas respecto a la consulta popular

El Gobierno tiene listos los borradores de cinco proyectos que remitirá a la Asamblea Nacional sobre las preguntas que pasaron en la consulta popular. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres Cobo, considera que debería ser una comisión especial la que trate las propuestas.

Descarta que los legisladores puedan introducir textos más allá de lo planteado en la consulta o en el proyecto del Ejecutivo; y, de hacerlo, advierte que la Asamblea se expone a una inconstitucionalidad posterior, y sería un suicidio político para aquellas bancadas que no respalden lo que en las urnas se aprobó con un 70 % de apoyo ciudadano.

Aclara que el Gobierno respetará lo que se dijo en las urnas en torno a las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Es un tema superado.

¿Están listos los proyectos de ley sobre la consulta popular?

Están listos los borradores, están en revisión final; y, una vez que se proclamen oficialmente los resultados, serán enviados a la Asamblea Nacional.

¿Será un solo proyecto o varios proyectos?

Varios proyectos, tal como establece el mandato popular en la consulta.

¿No habrá un solo documento que reúna las cinco preguntas?

De lo que he conversado con la secretaría jurídica, son proyectos separados. Para respetar el mandato, para que no se mezclen los temas de cada pregunta y con la finalidad de tratar a cada decisión ciudadana de forma independiente, pero unidas en el mismo envío de proyectos a la Asamblea.

¿La Asamblea debe tramitarlos en una comisión ocasional o cree que deberían ser distintas comisiones?

Se están discutiendo en la Asamblea las dos posibilidades. Yo, en lo personal, soy partidario de que haya una comisión especial creada para este tema con igualdad de representación; porque, si todo se envía a una sola comisión, por ejemplo, a la de Justicia, necesariamente va a haber un peso de una tesis que al menos en la consulta popular defendió el no total. Entonces, para que esto tenga buen puerto, es una comisión especial. Pero es mi opinión personal; habrá que ver qué decide la Asamblea.

Si bien la Asamblea tendrá que definir si habrá una comisión multipartidista, ¿ADN va por la tesis de comisión especial?

No he hablado todavía con la jefa de bancada, pero entiendo que la posición del oficialismo también será la de conformar una comisión especial para el tratamiento de las preguntas de la consulta popular por dos razones: primero, por la celeridad que esto requiere según el mandato de la consulta, no puede ser un procedimiento ordinario que se demore meses y meses, hay un tiempo establecido; segundo, para que no se mezcle con temas ordinarios de una comisión y, sobre todo, para que exista un peso político equilibrado en el tratamiento de las reformas.

En el tratamiento de los proyectos que serán enviados a la Asamblea Nacional, ¿es posible incluir textos adicionales o corregir lo que el presidente pueda remitir?

Hay cuatro momentos en este procedimiento: el primero parte del dictamen de la Corte Constitucional, en donde se establece claramente qué es lo que puede hacer el presidente y qué es lo que puede hacer la Asamblea; el segundo es justamente el contenido de la pregunta que se consultó, que nació, por supuesto, de la Presidencia de la República; el tercer momento es el proyecto que envíe ya el Ejecutivo a la Asamblea; y el cuarto momento es lo que apruebe la Asamblea. Le voy a dar un ejemplo. En el tema de penas no está reglado en el anexo de las preguntas a cuánto suben en cierto tipo de delitos; eso le corresponde al presidente hacerlo, a la Asamblea le corresponderá discutir lo que el presidente presenta que va conforme al anexo de la consulta popular aprobada, pero no podrá ni el presidente de la República ni la Asamblea irse más allá de lo que está justamente aprobado por el pueblo ecuatoriano. Entonces, si la idea general es subir penas, no se puede votar por un artículo que baje penas; ahí estaría incumpliendo la Asamblea el mandato y, por ende, esa reforma podría tener vicios de inconstitucionalidad posterior.

¿En qué tipo de delitos se endurecerían las penas?

Está terrorismo y financiamiento del terrorismo, lo relacionado a sustancias catalogadas a fiscalización, delincuencia organizada, todos aquellos delitos que son los que se están viendo justamente en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad que los ecuatorianos han sido testigos estos meses.

¿Cuál es la diferencia entre lo que se va a plantear desde el Ejecutivo y lo que ya el Legislativo estaba discutiendo en el COIP?

En las reformas al COIP que discutía la Asamblea no solo se hablaba de lo que está en la consulta popular; había temas distintos, empezando por modificaciones del recurso de revisión. Entonces, ahí está la diferencia: no toda la reforma de la Asamblea estaba enfocada a materia de seguridad. Entonces, es distinto en lo que trataban y en la configuración. Además, al ser un procedimiento de reforma ordinario, no tiene los tiempos fijados en la consulta popular.

La Asamblea discutía el endurecimiento de penas; en algunos delitos se recomendaba colocar hasta quince años dependiendo de la gravedad. ¿El Ejecutivo qué propone?

No puede haber en dosimetría penal diferencias abismales, por ejemplo, en la subida de penas. Todo tiene que tener una lógica. Es que yo no tengo en mis manos el proyecto de reformas; eso lo tiene la secretaría jurídica y está en revisión, pero lo lógico es que haya una subida de penas conforme la dosimetría penal dentro del entorno constitucional, pero que además tenga una finalidad que es la que busca el Estado, que es combatir la delincuencia y evitar lo que hemos vivido estos años.

¿El Legislativo puede introducir otros textos adicionales a los que envíe el presidente en la reforma?

Yo no creo que pueda introducir nada más que aquello que estaba planteado en la consulta y en el proyecto del Ejecutivo conforme el dictamen; por eso, quizás voces de que se puedan incluir más temas o, por ejemplo, endurecer penas en delitos distintos a los que están en la pregunta jurídicamente quedaría descartado. Yo no creo que haya una posibilidad y, si eso hace la Asamblea, lamentablemente se expone a una inconstitucionalidad posterior. Hay que ceñirse al dictamen de la Corte, a la pregunta y a sus anexos, al proyecto del presidente, y sobre eso la libertad de configuración legislativa tiene que actuar, pero con esos límites.

¿Podría constituir un incumplimiento si se trastoca lo que se aprobó en la consulta?

Podría derivar esto en un incumplimiento del dictamen constitucional. Podría activar una acción de seguimiento por incumplimiento del dictamen constitucional, pero yo no creo honestamente que nadie se quiera exponer a eso cuando además estas preguntas llegan a la Asamblea con un respaldo del 70 % de los ecuatorianos. También sería una especie de suicidio político por parte de los legisladores o desconocer lo aprobado por los ecuatorianos o querer ir más allá de un dictamen que no les faculta hacerlo.

¿Cómo concibe usted el cumplimiento de la totalidad de la pena en los centros de rehabilitación social en determinados delitos?

Hemos visto muchísimos casos en donde altos delincuentes con un presunto buen comportamiento salen antes de cumplir su pena, no solo a reincidir, sino a seguir haciendo lo que en muchos casos lo hacían desde la propia cárcel pero de forma escondida. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en revisar justamente esto, y hacia allá irá enfocado el proyecto de la Presidencia a la Asamblea.

En torno a la tipificación del delito de la tenencia o porte de armas de uso privativo de la fuerza pública, ¿qué están analizando?

Ya está este rato tipificado el delito de tenencia y porte de armas sin permiso, más allá de que está permitido también conforme un decreto presidencial y lo que establece la ley. Es específicamente de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque lamentablemente lo que se ve es que hay armas de alto calibre que no son ni siquiera de uso ciudadano, que están en manos de delincuentes y terminan circulando en las calles ecuatorianas.

¿Por qué es necesaria la entrega de armas decomisadas para el uso inmediato a las Fuerzas Armadas y Policía?

Porque, a pesar de que existe una serie de normativas en donde se debería entender que las armas decomisadas a los delincuentes que pueden ser de buen uso de policías y militares deberían estar inmediatamente en el uso, se han quedado en el limbo. Lo que se buscó con esta pregunta es agilizar todo para que armas, y no me refiero a un revólver de oro con las letras de un delincuente, pero sí a muchos rifles y armas de alto calibre que tranquilamente pueden estar al servicio de policías y FF. AA., y que hoy no lo están por una serie de vacíos legales que se buscan arreglar con esta pregunta y este proyecto.

En torno a determinar la propiedad del Estado de los bienes de origen ilícito, ¿se va a complementar con lo que ya está en la ley de extinción de dominio?

Esa es la idea, porque, a pesar de que se aprobó una ley en la Asamblea, se sigue manteniendo el hecho de la presunción de inocencia hasta el final para el uso o el decomiso o la pérdida de extinción del dominio de un bien mal habido. Lo que buscamos justamente es que coadyuve a realmente ser útil en la lucha contra los bienes mal habidos de las personas que han actuado mal y que los han obtenido de forma ilícita e ilegal.

¿Sería como lograr quitar el bien mal habido y darlo al Estado cuando la persona está dentro de un proceso judicial?

Es la tesis general en la extinción del dominio, en donde se ha discutido mucho qué pasa si la persona termina siendo inocente, qué pasa con el bien donde perdió el dominio u otras causales. Esto pasa en la legislación comparada. Si eso llega a existir, existe una compensación pecuniaria al final. Pero el bien no vuelve a manos porque perdió el dominio de la persona que, digamos, luego de todo el traje legislativo judicial resultó inocente.

En lo operativo, ¿es necesario ir a buscar votos para esas reformas o usted cree que hay un compromiso de las organizaciones políticas?

El pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente por estos cambios. ¿Cuál es el rol del Gobierno? Ser garante de que esos cambios lleguen a buen puerto. Por eso es que nosotros proponemos el proyecto de ley, y sí, nosotros haremos el trabajo necesario, lo que haga falta, para que esto llegue a buen puerto. ¿Qué significa? Dialogar con quienes se tenga que dialogar, con quienes quieran dialogar y encontrar una salida positiva a lo que el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas. Sabiendo además que hay una particularidad política: el peso y la presión ciudadana a que se hagan los cambios. Y, por eso, yo me atrevo a decir que nadie querrá suicidarse políticamente improbando algo que los ecuatorianos aprobaron con 70 % y más.

¿El Ejecutivo nunca pierde la posibilidad de ser colegislador también en estas reformas?

No tengo claro, pero me parece, no tengo claro específicamente ese tema, pero entendería que sí. Es un trámite ordinario pero dentro de los 60 días. Si hablamos, por ejemplo, del veto, los 30 días estarán dentro de los 60 o no. Lo que se esperaría es que la aprobación cumpla con lo enviado por el presidente, con la Corte; porque, si no cumple, incluso sin un veto, ya estarían cayendo en una inconstitucionalidad manifiesta al haber ido más allá del dictamen los legisladores.

Si la Asamblea no cumple dentro del plazo, ¿podría ingresar por ministerio de la ley la propuesta del Ejecutivo?

Si hablamos de un trámite ordinario, podría ser esa una posibilidad. Pero todavía me reservo los detalles judiciales. Hay muchos temas en discusión. No quisiera referirme a algo que todavía se discute, incluso dentro del propio Gobierno.

¿Cuál es su lectura de lo que pasó con las dos preguntas que no recibieron el mismo apoyo que las otras nueve?

Hubo una oposición directa a esas dos preguntas por parte de los detractores del Gobierno. Dos de ellas tenían particularidades propias y específicas. La del arbitraje, una pregunta técnica, difícil de entender. Y la segunda era una pregunta con mucha más dialéctica gremial sobre si valía o no valía, además de una campaña sucia, que de alguna manera creemos que sí caló en algunos electores. Son dos temas superados por el Gobierno.

¿Ustedes no están pensando en armar una nueva reforma y enviarla al Legislativo?

Lo dejo categóricamente claro: definitivamente no en el tema del arbitraje y definitivamente no en el tema del contrato por horas. Es un tema ya superado.

¿Es decir que respetarán el pronunciamiento popular en esas dos preguntas?

Exactamente. Y no vamos a insistir en absolutamente nada. Y eso lo dejo claro porque se tergiversó una declaración mía que se refería a eso también hace unos días.

Con lo aprobado en la consulta y su posterior aprobación en la Asamblea, ¿en qué va a cambiar el problema de la seguridad?

Yo soy muy cauto siempre, primero, de proyectos de ley, y en este caso también de consultas populares. Nada es del antídoto contra todo. Pero sí es un paso muy importante en esta lucha que el Gobierno ha iniciado. Sí creo que es un paso muy importante la colaboración permanente de Fuerzas Armadas y Policía para que ya no medien estados de excepción, sino que haya, dentro de lo que se aprobó, esa colaboración. Creo que es muy importante el tema de la extradición. Ya comenzamos a discutir quiénes podrían ir, quiénes no podrían ir. Son importantes estos pasos que se dan, pero no son tampoco la solución. Nada es la solución total a todos los problemas. (I)