Casi cinco meses después que Luis Verdesoto renunció a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, en medio del escándalo por presuntos actos de corrupción en las empresas públicas, el presidente Guillermo Lasso designó a la abogada Ana Belén Cordero como máxima autoridad de esa entidad.

El nombramiento se concretó el lunes 19 de junio mediante el Decreto Ejecutivo 781, suscrito por el primer mandatario.

La nueva secretaria Anticorrupción fue asambleísta nacional por el movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), en la Asamblea que fue disuelta el 17 de mayo por la muerte cruzada. Además es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Ecuador Libre, un think tank o ‘tanque de pensamiento’ (por su traducción al español) creado y liderado por el presidente Guillermo Lasso.

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En el Parlamento, la exasambleísta fue vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que dio trámite al juicio político en contra del jefe de Estado por el presunto delito de peculado, en el cual también se utilizó como elemento de la acusación un informe que Luis Verdesoto elaboró antes de dejar el cargo, donde expuso hipótesis y varios indicios de situaciones que darían espacio a posibles actos ilícitos en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), así como en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

A inicios de mayo, mientras se definía si Lasso sería enjuiciado, Cordero presentó una moción que recomendaba no enjuiciar al primer mandatario, por falta de pruebas. No obstante, la propuesta no fue aprobada por la mayoría de miembros de la comisión.

Ana Belén Cordero ahora dirigirá la Secretaría Anticorrupción que entre sus atribuciones está coordinar con las entidades competentes la implementación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y Anticorrupción, y participar directamente o por medio de su delegado en todos los directorios de las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, en calidad de invitado. (I)