Fausto Murillo: Estamos conscientes de que es un juicio político y esto es cuestión de votos, más allá de razones

El presidente temporal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, cree que en la Asamblea Nacional, en más de un mes de comparecencias, los interpelantes no han podido probar el incumplimiento de funciones que alegan en su pedido de juicio político contra él, los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, y la expresidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado.

En entrevista con Diario EL UNIVERSO, Murillo, quien llegó al CJ como parte de la terna enviada por la Asamblea Nacional, insiste en que este proceso en el Legislativo solo fue un pretexto para tomarse la administración de justicia y apunta directamente a la bancada correísta de UNES y sus aliados, como quienes están detrás de este objetivo.

El presidente Murillo asegura que no se aferra al cargo, pero anticipa que si se lo llama a juicio político hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para “evitar que se rompa la institucionalidad, que se tomen la administración de justicia para intereses políticos e intereses relacionados con la corrupción”.

No se alcanzaron acuerdos en la Comisión de Fiscalización sobre si el juicio político y ahora su futuro, el de los vocales Maribel Barreno y Fausto Morillo al frente del Consejo de la Judicatura (CJ), quedan en manos del pleno de la Asamblea. ¿Qué opina?

Entiendo que los informes de la Comisión, porque son varios, pasarán al presidente de la Asamblea y él a su vez pondrá en conocimiento del pleno para decidir, en primer término si hay juicio o no hay juicio. Si tienen los votos y hay el juicio, compareceremos obviamente ya al desarrollo de esa defensa en nuestro caso.

¿Cree que el juicio político en el pleno pueda tener un resultado a su favor? Hay que tomar en cuenta que ustedes serán los primeros en enfrentar la nueva mayoría en la Asamblea: UNES, sus interpelantes, el Partido Social Cristiano y parte de Pachakutik.

Siempre estamos conscientes de que es un juicio político y esto es cuestión de votos. A más de las razones que tenemos nosotros en nuestra gestión se definirá con el número de votos. UNES, que es el interpelante, con sus aliados los socialcristianos y algunos otros grupos. En mi criterio, creo que no llegarán al número de votos, porque tiene que prevalecer la razón y los asambleístas que sí piensan en el país no van a querer que el Ecuador regrese, en la administración de justicia, al 2011 cuando se tomaron o metieron las manos a la justicia.

En la Asamblea se habla de que se está negociando para alcanzar los 92 votos para destituirlos. ¿Ustedes están negociando para que eso no suceda? En la Comisión de Fiscalización se señaló que se están ofreciendo notarías y cargos en la Función Judicial. ¿Les han pedido a ustedes algo a cambio de un voto a favor?

El país entero me ha visto a mí defender con fundamentos, razones, expresando nuestras razones, por qué no hay causal para el juicio político ante la Comisión. De ninguna manera el CJ o Fausto Murillo como presidente hipotecará la administración de justicia por sostenerse en un cargo o en una dignidad. Jamás. Precisamente somos llamados a juicio porque no hemos cedido a las presiones de los partidos políticos y justamente por los partidos políticos que tienen interés en tomarse la administración de justicia. Hemos puesto un pare. Yo, especialmente, he sido muy frontal, (...) no voy a ceder jamás a las presiones políticas.

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¿En estos cinco meses al frente del CJ, como presidente temporal ha evidenciado que esta instancia está en el ojo político y quiere tener injerencia la política en esta parte de la Función Judicial?

Sin duda. Como exjudicial de carrera sé que siempre la administración de justicia ha sido un botín político y ha habido ocasiones en que han conseguido meterle las manos en la justicia, como en 2011. También sé que si uno tiene la fortaleza, el convencimiento y la convicción de servir a la administración de justicia es posible hacer una gestión independiente, poniendo por delante los más altos intereses de la administración de justicia y poniendo por fuera los intereses de grupos, de políticos o de intereses económicos.

Ha pasado más de un mes desde que se inició su juicio político en contra de integrantes del CJ. ¿Ya saben qué es lo que no les perdona UNES para haber planteado el proceso en su contra?

Lo que no nos perdona es que no somos manejables a los intereses políticos. Yo soy un técnico, no me debo a ningún partido político. Yo no estoy en este cargo por favor, estoy en este cargo porque mi carpeta, mi hoja de vida permitió que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) me designe sin impugnación y por unanimidad.

¿Desde su perspectiva se pudo probar el incumplimiento de funciones? Una parte de la Comisión de Fiscalización aseguró que no y que debería procederse el archivo del juicio.

Hemos demostrado cuál es la “causal” que citan: incumplimiento de funciones y anclan ese supuesto incumplimiento de funciones en la sentencia de la Corte Constitucional (CC). Pero esta sentencia en ninguna parte del texto dice que hemos incumplido funciones. Al contrario, dice que hemos evaluado, que hemos tenido potestad, facultades y competencias, que hemos fijado parámetros (...) y además la sentencia dice que, luego de reconocer todo lo actuado, los efectos de esa sentencia son a futuro. Lo único que observa la CC es la temporalidad. Dice la Corte que no debieron hacerlo en el 2019 sino en 2020. Esa es la única observación, de tal manera que el incumplimiento de funciones de ninguna manera puede demostrarse. Pero tenemos el tema de que es un juicio político y esto es cuestión de votos, más allá de razones. De eso estamos conscientes.

Ya viendo en perspectiva la situación, ¿quizá han pensado en que si se demoraban unos meses más para la evaluación y hacían coincidir con el tiempo legal para la renovación parcial en la CNJ todo esto se podía haber evitado? El tema de la Corte Constitucional, el juicio político...

El antecedente no permitía esperar. Consulta popular, 4 de febrero de 2018, designación del CJ transitorio presidido por Marcelo Merlo, a quien se le encargó evaluar, pero por sus divergencias el CPCCS transitorio le retiró esas facultades y le dijo usted no puede evaluar a nadie. Una vez que se nos designa a nosotros, en el artículo 2 de la resolución de designación dice: se exhorta al nuevo CJ a fijar parámetros y evaluar inmediatamente a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). (...) Era una cuestión de interpretación de la norma en ese momento y del sentir de la ciudadanía. Por eso, posesionados el 29 de enero de 2019, el 14 de febrero ya aprobamos el reglamento.

¿No hacen algún mea culpa en este tema?

Yo no. Trabajamos con toda dedicación. Como cualquier actividad humana puede tener errores involuntarios, de buena fe en el peor de los casos, pero la intención nuestra fue hacer una evaluación técnica objetiva, que se queden y sigan siendo los que merecen ser jueces y quienes no están en capacidad, como dice el artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial, tienen que ser removidos y no destituidos, como falazmente se sostiene en la petición de juicio político. Se dice que nosotros hemos destituido jueces y eso es falso.

¿Un exhorto del CPCCS transitorio para evaluar a los jueces y conjueces de la CNJ era suficiente para el inicio de todo este proceso en 2019?

Un exhorto de un CPCCS transitorio con poderes extraordinarios. ¿Que dónde se generaron? En la consulta popular del 4 de febrero de 2018. No era un exhorto de cualquier autoridad. Hoy por hoy pueden hacer exhortos y de hecho lo ha realizado el CPCCS actual. Ese es un exhorto en otras circunstancias, en otro escenario. El exhorto del que estamos hablando hay que verlo en el contexto histórico y democrático que se dio. Por eso es que nosotros nos sentimos sin duda en la obligación de atender ese exhorto que se genera en la consulta del 2018.

Usted aseguró que el juicio político solo fue un pretexto para tomarse la administración de justicia y nombrar jueces temporales que tengan la posibilidad de revisar los casos de corrupción que tienen sentencias ejecutadas y ejecutoriadas. ¿En qué basa su tesis de que el correísmo quiere tomarse la justicia?

El interpelante Fausto Jarrín, abogado de uno de los sentenciados (Rafael Correa en el caso Sobornos) propuso acción extraordinaria de protección frente a la sentencia condenatoria y la sentencia del recurso de casación en ese juicio. ¿Ante quién? Ante la CC. En esa acción extraordinaria de protección el fundamento fue cuestionar la intervención de los conjueces que estuvieron en esos casos. ¿Qué dijo la CC? Le inadmito esa acción extraordinaria. ¿Quién es el interpelante junto con la asambleísta Viviana Veloz? Fausto Jarrín. ¿Cuál es el argumento? La legitimidad de los conjueces de la CNJ. Se dan cuenta: similar argumento, vía CC, vía juicio político. ¿Cuál es el objetivo acá? Revisar la sentencia ejecutada y ejecutoriada. No hay por donde perderse.

¿Entonces, es el correísmo el que quiere tomarse la justicia?

Con precisión diría que son el correísmo y sus aliados: socialcristianos y otras facciones. Pretenden tomarse el CJ, poner jueces de bolsillo en la Corte Nacional y presentar el recurso de revisión.

¿Llegar a los procesos judiciales que mantienen líderes correístas, como el caso Sobornos que involucra al expresidente Rafael Correa, siempre fue el objetivo del juicio político? El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, cree que es evidente el pacto que existe entre UNES, el PSC y el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, para tomarse la justicia y revisar las sentencias de Correa, Jorge Glas, Alexis Mera y otros.

El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, acudió a la Comisión de Fiscalización como testigo de los interpelantes. No hace falta ser muy agudo para llegar a una conclusión. (...) El órgano jurisdiccional, los jueces, los administradores de justicia nada tienen que hacer en el ámbito administrativo, así como los administrativos, el CJ, nada tenemos que hacer opinando ante los órganos jurisdiccionales. Cada quien en el ámbito de sus competencias y el sistema funciona. Cuando se invaden esas competencias al sistema se le afecta.

De llegar la censura y la destitución, ustedes sostienen que no hay incumplimiento de funciones. ¿Han pensado en llevar a otros ámbitos el caso para que se defina que ha existido una vulneración o de darse el primer escenario ya está todo definido y deben irse a sus casas?

Hay varios escenarios, todos son potenciales. Lo real es que nosotros haremos una defensa de nuestra gestión y si el escenario es la censura, nosotros analizaremos. Si el escenario es que se archive el juicio político, continuaremos nuestro trabajo. En este momento, nuestra dedicación y nuestro pensamiento está más allá de la defensa personal, está en la defensa institucional para que no se tomen la administración de justicia. Ese es el objetivo principal de nuestra defensa, más allá de que esté en juego nuestra permanencia en el CJ.

En cambio, si a ustedes se les ratifica que no han incumplido funciones y se archiva el juicio político, ¿cuál sería su actitud en esa nueva etapa al frente del CJ, teniendo en cuenta a quien enfrentan en la Asamblea?

Virar la página, seguir trabajando. No es opción entablar una discusión o alguna divergencia permanente con los órganos o funciones del Estado. Cerramos la página y seguimos trabajando.

¿A qué le pondrán el ojo, la atención?

Le pondremos un ojo más riguroso a todo lo que tenemos pendiente: evaluaciones, concursos, modernización. combatir la corrupción, esta Unidad Especializada contra Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que ya a mediados de septiembre se termina el concurso. Ese es un hito para el país y la Función Judicial. Por primera vez, jueces especializados para juzgar 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. ¿La pregunta es por qué la resistencia? Porque también alrededor de este juicio político seguro hay intereses de grupos que se sienten amenazados con este tipo de decisiones del CJ.

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¿Desde su perspectiva, qué es lo que está en juego en este juicio político: los puestos de tres vocales o se puede hablar de que está en riesgo la estabilidad e independencia de la Función Judicial?

Sin duda están amenazadas la estabilidad, independencia y la institucionalidad de la Función Judicial, no solo del CJ.

¿Cree que pesen en el pleno de la Asamblea esas denuncias de supuestas injerencias de la política en temas judiciales, esos audios de los que son parte dos vocales del CJ y se habla de cómo incidir en un proceso de la expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori?

Como es un juicio político, más allá de la formalidad que tienen que sujetarse al objeto de lo que fue el juicio, sin duda, diría yo, estos planificados métodos de deslegitimar a la institución, que se vienen implementando desde febrero que fue el llamado a juicio, creo que serán parte, sin duda, de las argumentaciones que se podrán presentar. Pero yo siempre he dicho lo siguiente: quién planificó la grabación clandestina a autoridades del CJ, a vocales; quién ejecutó esas grabaciones clandestinas; y quiénes son los beneficiarios. El periodismo es muy agudo, la ciudadanía mucho más, saben perfectamente en este momento quiénes son los beneficiarios y en el tiempo se verificará que existió una planificación para deslegitimar, desprestigiar y en torno a un juicio político, con todos esos elementos, tomarse la administración de justicia.

En redes sociales se hablaría, por ejemplo, el propio Villavicencio lo señaló, que detrás de esas grabaciones estaría Maritza Romero, jueza de Pichincha que es la primera en la nueva terna que envió el presidente de la CNJ al CPCCS, con el fin de que se designe al vocal que no solo represente en el CJ a la Corte Nacional, sino también lo presida. ¿A eso se refiere?

Así le he leído al asambleísta Villavicencio, a algunos periodistas. Son afirmaciones de ellos. Yo lo que puedo, como cualquier ciudadano, es estar al tanto de lo que ocurre, pero no hacer un juicio de valor. Mi reflexión es un poco más de escenario y repito: quién planificó, quién ejecutó, quién se beneficia y en qué momento se beneficia. El país se va a dar cuenta muy claramente.

¿Y ustedes ya lo saben?

Quién planificó, quién ejecutó y quiénes son los beneficiarios creo que el país entero ya lo sabe.

¿Cómo interpreta que en estos momentos de su juicio político el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, envíe una nueva terna al Consejo de Participación?

Hay que tener claro que hay una potestad del pleno del CNJ, seleccionar una terna y pedirle al presidente que envíe al órgano que corresponde, en este caso al CPCCS. Ha ejercido su potestad y será el órgano que tiene que procesar, el Consejo de Participación, nosotros como CJ no tomamos partido, ni damos opinión, porque somos el órgano destinatario de ese proceso. Fausto Murillo seguirá de presidente en el CJ hasta ser legalmente reemplazado, que es lo que corresponde de acuerdo a la Constitución y la Ley.

¿Cree que todo esto viene atado a la posibilidad de que ustedes sean cesados en sus cargos y en ese contexto se designe a un vocal titular y suplente en representación de la CNJ?

Sin duda hay una planificación, no de ahorita, hay una planificación quizá desde el momento en que se propuso el juicio político. Así lo vienen comentando gente de criterio. Hay una serie de personas que sin duda tienen esa agudeza para dar lectura de cómo se van desarrollando y cómo se conectan, se enlazan, tienen relación estas cuestiones. No son causales, sin duda hay planificación.

¿De llegar a concretarse esa designación, la actual jueza Maritza Romero podría reemplazarlo en el cargo?

Si así lo deciden los órganos yo no tengo nada que decir. Aquí no es cuestión de decir tal apellido, tal otro apellido, no. Aquí es cuestión de la institucionalidad. Fausto Murillo es presidente del CJ en las circunstancias que se dieron.

¿Se aferra al cargo?

No. Yo estoy ejerciendo una responsabilidad y con toda mi experiencia, mi conocimiento y toda mi capacidad para mejorar la administración de justicia. Si tengo que estar mañana fuera, sin ningún problema; si tengo que continuar, con más fuerza seguiré trabajando.

¿Qué espera que se dé en el pleno de la Asamblea?

Yo creo que de acuerdo a como están los números y la conformación, tendremos que defendernos ya en juicio político. Creo que nos defenderemos en juicio político y estamos preparados para ello. (I)