El miércoles 3 de enero de 2024 se realizará la audiencia de vinculación al caso por delincuencia organizada denominado Metástasis, de ocho personas sobre las cuales la fiscal general, Diana Salazar, tendría suficientes elementos de convicción que relacionan a los sospechosos con una “empresa criminal” que operó en diferentes instancias públicas para obtener seguridad, beneficios penitenciarios y fallos judiciales para el narcotraficante Leandro Norero y su familia.

La lista inicial de vinculados presentada al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova, el pasado 19 de diciembre, mantenía los nombres de Christian R., abogado de Norero; Daniel Salcedo Bonilla, quien ha sido sentenciado por actos de corrupción en la venta de medicinas durante la pandemia; Carlos Z., expresidente de la Corte de Manabí a quien ubicaban dentro de la organización con el alias de Presi; Víctor A., exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas; Gilmar C., señalado dentro de la estructura con el alias de Yankee; Fernando G. y Jairo V.

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En estas últimas horas, al pedido sumó el nombre de Xavier J., quien según la Fiscalía administraba los bienes del narcotraficante Leandro Norero y mantendría los alias de Dady Yanky, Ravioli, Marido y Po.

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Los nombres de las siete primeras personas por ser vinculadas eran parte de la lista de 38 individuos que tenía orden de detención con el fin de garantizar su presencia en la audiencia de formulación de cargos dentro del caso Metástasis. Todos ellos no pudieron ser apresados en los más de 75 allanamientos en siete provincias del país, pues se presume huyeron al ser alertados.

Con estas vinculaciones, el caso Metástasis tendrá 39 personas procesadas. Entre los 31 sospechosos a quienes se les formularon cargos en una audiencia que duró dos días, entre el 14 y el 15 de diciembre pasado, están el hoy expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional, Wilman Terán; y el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, general de la Policía (s. p.) Pablo R.

El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, llegó a la Cárcel N.° 4 junto con otros detenidos del caso Metástasis, la noche del 16 de diciembre. Foto: API

Quienes serán vinculados aparecen nombrados en conversaciones que fueron encontradas en aplicaciones secretas en quince teléfonos celulares que eran de propiedad de Leandro Norero, quien se mantuvo en la cárcel al ser procesado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado y que fue asesinado el 3 de octubre de 2022. Salazar aspira a que se determinen medidas de privación de la libertad para así contar con todos los vinculados en el procesamiento.

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Tras el asesinato de Norero en el interior del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre de 2022, y las investigaciones emprendidas respecto a ese crimen, se generó la obtención de evidencias, entre las cuales se encontraban los celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.

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Según la Fiscalía, la delincuencia organizada que se investiga operó para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero, dos de sus hermanos y su esposa.

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Una vez se concrete la vinculación al proceso penal de estas ocho personas, la duración de la etapa de instrucción fiscal pasará de 90 a 120 días. Si después vuelve la Fiscalía a solicitar nuevas vinculaciones, el tiempo de la instrucción fiscal ya no se modificará, pues la norma especificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que en ningún caso una instrucción fiscal puede tener tener de duración más allá de 120 días. (I)