Una nueva correlación de fuerzas, tras la salida de Alembert Vera, aún no está clara en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Con la destitución de Alembert Vera como consejero y presidente del Consejo de Participación Ciudadana, por orden de la Corte Constitucional (CC), se produjo una reconfiguración del pleno, aunque no hay una mayoría o minoría evidentes.
A lo que se suma la falta de recursos económicos que debe asignar el Gobierno nacional a través del Ministerio de Finanzas y que requiere para llevar a cabo los concursos públicos para designar autoridades de una docena de instituciones de control del Estado.
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Para el 2023, el Ministerio de Finanzas le asignó $ 7′713.671, de los que hasta septiembre tiene comprometidos $ 5′380.747, que se destinan para gasto corriente y cuenta con cero para inversión.
Nicole Bonifaz ascendió a la presidencia y Andrés Fantoni a la vicepresidencia y se incorporó Juan Esteban Guarderas como consejero principal.
En la administración de Vera funcionaba un bloque de mayoría con Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga, al que se sumaba Nicole Bonifaz, quien fue apartándose una vez que la Corte Constitucional inició la verificación del cumplimiento de su dictamen interpretativo del 2019.
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Los vocales Mishelle Calvache y Andrés Fantoni eran un dúo y desde el inicio de sus funciones se apartaron de la mayoría y de revisar las actuaciones del extinto CPCCS de transición.
En las elecciones del 5 de febrero, de estos siete consejeros: Vera, Saltos y Verduga llegaron aupados por el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el político Rafael Correa, quien los denominó los candidatos de la ‘liga azul’.
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Bonifaz y Fantoni aseguran que son independientes de grupos políticos, pero en la época electoral fueron promovidos en redes sociales por miembros del Partido Social Cristiano (PSC).
Calvache también se define como independiente de grupos políticos; al igual que Verdezoto, quien se unió a la mayoría de Vera.
El consejero Juan Esteban Guarderas fue integrante del partido Izquierda Democrática (ID) del que se desafilió años atrás y se define como independiente.
Nicole Bonifaz ha insistido a sus colegas con dejar las «rencillas» entre mayorías y minorías, así como los «intereses personales» y en las últimas dos sesiones hubo una aparente modificación de las fuerzas, que dependió de la trascendencia de los temas por tratar.
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Por ejemplo, el 10 de octubre conocieron el auto de verificación de la CC que destituía a Alembert Vera por incumplir el dictamen, que impide revisar las actuaciones del CPCCS de transición, que se configuró al examinar el expediente del concurso público con el que se eligió a la titular de la Fiscalía de la Nación, Diana Salazar y, por la conformación de una veeduría ciudadana para revisar la elección de los jueces constitucionales.
Nicole Bonifaz, que era la vicepresidenta, ascendió automáticamente a la presidencia porque así lo dispone la ley del Consejo y se eligió a un nuevo vicepresidente.
Se candidatizó a Andrés Fantoni y votaron por él: el mismo Fantoni, Mishell Calvache, Nicole Bonifaz y Juan Esteban Guarderas.
Con un enfático «en contra» votaron Yadira Saltos, Johanna Verdezoto y Augusto Verduga.
Ese día se expresó una tirante relación entre los consejeros. Cuando Calvache pedía la palabra se refería con un «señorita presidenta».
Bonifaz respondió por error siga «señora consejera»; «señorita por favor», le increpó Calvache y Bonifaz corrigió enseguida.
En otro momento, Saltos pidió hablar y Bonifaz le autorizó con un «señorita consejera» y Saltos le dijo sonriendo que ella es «señora» y no le molesta que la llamen así.
Guarderas felicitó a Bonifaz por su ascenso y la exhortó a cumplir con su propuesta de renovar la institución para «que todos los consejeros puedan tener un espacio para proyectar su gestión».
Criticó a Vera y consideró que «nadie obra mal solo, porque hay personas que le acompañaron» e insistió en hacer una renovación.
Esto ocurrió con la presencia de simpatizantes de Bonifaz y Fantoni que aplaudían y coreaban felicitaciones. También pifiaron a los consejeros de minoría, cuando ellos hablaban.
A la siguiente sesión del 11 de octubre resolvieron sobre el auto de seguimiento del dictamen de la Corte Constitucional y dejaron sin efecto todos los actos administrativos que se abrieron en contra de la fiscal Salazar y la creación de la veeduría.
La CC dejó abierta la posibilidad de sancionarlos con la destitución si no lo hacen, por lo que, con siete votos, es decir, por unanimidad se cumplió su orden. No obstante, los departamentos técnicos están trabajando en dar de baja todos los documentos existentes sobre estos dos hechos.
Por el momento, Bonifaz no ha convocado a una nueva sesión para renovar a funcionarios que asumen las principales secretarías de Participación y Control Social y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que fueron designados por Vera.
En la secretaría de Participación está Ana Belén Yela Duarte, hija de la exministra de Correa María de los Ángeles Duarte; en Transparencia y Lucha contra la Corrupción consta Mariángel Muñoz, exasambleísta del correísmo.
En la Secretaría General y en las coordinaciones Administrativas están funcionarios designados por Vera o en Comunicación Social que lo ocupa un servidor propuesto por Verduga.
En la víspera, Bonifaz designó a Luis Araque en una de las principales coordinaciones técnicas y aún le resta nominar una persona en la coordinación jurídica, que es la encargada de elaborar los informes legales para conocimiento del pleno.
De forma paralela, de los resultados de las elecciones presidenciales de este 15 de octubre, también dependerá que el nuevo gobierno que se posesione en diciembre próximo le asigne recursos.
Para este 2023, se le asignó $ 7′713.671, de los que hasta septiembre tiene comprometidos $ 5′380.747 para gasto corriente como pago de salarios y servicios básicos. (I)
