Mishelle Calvache es vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y es parte de una minoría junto con el consejero Andrés Fantoni. Calvache considera que los jueces de la Corte Constitucional (CC) no deben «amilanarse» en tomar decisiones, al activar la fase de seguimiento a un posible incumplimiento de su dictamen interpretativo de 2019, que protegió las actuaciones del extinto CPCCS de transición. Esto, después de que el actual Consejo, presidido por Alembert Vera, aprobó un informe de investigación, con indicios penales, en contra de la titular de la Fiscalía de la Nación, Diana Salazar, y, hace 19 días, empezó la conformación de una veeduría ciudadana para evaluar cómo se eligió a los actuales jueces de la CC. El camino es «la destitución de quienes incumplieron el dictamen, no hay más. Cada uno es responsable por sus actos», zanjó Calvache. Los siete vocales del Consejo deben comparecer ante el pleno de la Corte el próximo lunes, 25 de septiembre, a las 10:00, para informar qué hicieron para evitar incumplir el dictamen.

Llevan casi cuatro meses en funciones y ya están conflictuados. ¿Cómo evalúa la situación del Consejo?

Si bien ha tenido cosas positivas, creo que ha resaltado lo negativo. Sin embargo, creo profundamente que los cambios van a venir en los próximos días. A pesar de las circunstancias, hemos podido llevar a cabo las veedurías, las escuelas ciudadanas, se ha tratado de estar cerca de la gente en territorio para conocer sus preocupaciones. Creería que en pocos días el Consejo podrá tomar una línea por la cual haya un cambio institucional. La evaluación no ha sido la mejor, pero esperemos que al año podamos tener otros resultados.

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¿Cómo se está preparando para comparecer ante la Corte?

Con el consejero Andrés Fantoni hemos trabajado en los alegatos. Hemos presentado información y documentación a la Corte, para que sea tomada en cuenta y puedan tener mayores elementos de convicción para su pronunciamiento. Hemos dado muchos elementos y creo que se va a hacer justicia, porque sí ha habido un incumplimiento del dictamen constitucional y más de un funcionario y un consejero, quienes podrían ser destituidos.

¿Por qué cree que podría tomarse esa decisión?

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Hubo dos momentos. Cuando fue lo de la fiscal general, Diana Salazar, hubo un hecho consumado que fue la resolución del pleno aprobada y ratificada por cuatro consejeros. El segundo, que fue llevada a cabo por funcionarios y el presidente del Consejo para crear la veeduría en la que hubo 41 inscritos y 19 admitidos. Esto no fue como en la época de (José) Tuárez (2019) que se aprobó una moción. En este caso hay dos hechos consumados. Otro precedente fue la destitución de los siete consejeros, en enero pasado. En la actualidad, que para mí es más grave, pensaría que la Corte no se va a amilanar.

El informe contra la fiscal Salazar se aprobó en junio, pero la Corte reacciona cuando se crea esta veeduría. ¿Qué se evaluó?

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Creo que la Corte no pensó en los alcances de lo que estaba pasando en el Consejo en cuanto a la revisión del dictamen, y la alerta de lo que pasó con la fiscal, si bien fue un hecho consumado, se dejó quieto el tema porque, a mi criterio, estos son insumos para llevarla a un juicio político en la Asamblea Nacional. No somos competentes para revisar su designación, pero hicieron veedurías, hasta internacionales, quisieron poner todo el peso de la ley sobre esa denuncia de un colectivo y para qué, si desde el Consejo no íbamos a poder hacer nada. Se les cayó lo de la autotutela, se quedaron con un expediente listo, pero esto va a ser un insumo para la Asamblea. En este caso, al lanzarse la veeduría con esta rapidez, a tal punto que seguimos entregando información a la Corte y la veeduría sigue avanzando en su conformación. Entonces, ¿qué va a esperar la Corte? Que una veeduría le diga que se hizo mal la elección de sus jueces, pese a que es inconstitucional e ilegal y que se iría en contra del ordenamiento jurídico, de las autoridades, de la seguridad jurídica. Creo que no lo va a permitir.

Cómo ve su permanencia en el cargo, porque cuando se destituyó a otros consejeros, la Corte lo hizo por omisión. ¿Hubo omisión de su parte por no actuar para detener la creación de esta veeduría?

No. Quizás a la luz pública no se vean mis actos, pero desde adentro he trabajado. Tengo respaldadas mis actuaciones, tanto así que la información que recabé es la que presenté a la Corte, entonces no pueden decir que no hice nada.

Con todos estos hechos, ¿se estaba tramando un plan?, ¿para qué?

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Había una agenda. Desde que vinieron patrocinados por un partido político, que me parece vergonzoso decir que no les apadrina nadie cuando hay un sinnúmero de pruebas, cuando todas las actuaciones que tienen son las mismas que tenía la anterior Asamblea. La razón no pide fuerza.

¿Debió discutirse esta veeduría en el pleno?

La ley del Consejo determina cuándo cabe la conformación de una veeduría ciudadana. Estas veedurías se dividen en tres: por pedido de autoridad competente, por pedido de la ciudadanía y por iniciativa del pleno. Empezó esta veeduría con un pedido de una ciudadana que va a la Subcoordinación de Control Social y este trámite fue negado y por eso plantea una demanda y tiene un fallo a su favor en una acción de protección. Pero cuando el juez dispone la conformación, ya no viene de la ciudadanía, sino de una autoridad competente. El tratamiento era claro: que llegue, se haga un informe jurídico de la Subcoordinación de Control Social y se suba para el debate en el pleno y nosotros detener la factibilidad o no de esta veeduría. Al ellos saltarse el proceso y hacerla como de una ciudadana… A nosotros nos deslinda de la responsabilidad porque no siguieron el trámite y ahora, ¿avalar? Como él (Alembert Vera) siempre quiere avalar todo con el pleno, cuando hace las cosas mal, no voy a dar paso a meterme en una fiesta a la que no nos llamaron. Nunca nos toman en cuenta para nada, pero ahora sí quieren llevarnos a todos al mismo saco. No me parece justo.

Los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni han tenido posturas contrarias a una mayoría que funciona en el CPCCS. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

¿Por qué el presidente no lo subió al pleno?

Porque no tenía los votos, así de fácil. No tenía los votos para que le apruebe el pleno. El consejero Augusto Verduga intentó cambiar el reglamento de veedurías y el cambio que quería hacer era que no se lleve al pleno nada que venga por autoridad competente, sino que todo se tramite por la subcoordinación. Así que esto se venía fraguando desde hace mucho antes.

¿En el momento que pasan por la subcoordinación quitan competencia al pleno?

No nos quita la competencia, pero nos quita la responsabilidad. Esto nos hace concluir que esto ya se estaba fraguando y no tenían los votos. Además, con lo ocurrido con la fiscal quedaron bastante golpeados, sobre todo la mayoría, porque fuimos tajantes con nuestra posición. En este segundo caso, era un segundo golpe al mismo dictamen.

En las últimas horas, la consejera Johanna Verdezoto planteó una moción para archivar la creación de la veeduría.

Esta moción la presentó en la Corte para poder salvar en algo su responsabilidad. Pero es algo que se está ejecutando y ya no se va a poder detener. No obstante, habría la posibilidad de revisarlo (en el pleno del CPCCS), pero no le van a dar quorum. Ahora, Verdezoto ya se deslindó de esta mayoría, porque los apoyaba hasta cierto punto y ahora se dieron cuenta de que tanto Bonifaz como Verdezoto en estas cosas no iban a apoyarles porque les puede acarrear responsabilidades administrativas y penales, por lo que tomaron a este ciudadano de la subcoordinación para tratar de maquillar las cosas.

¿Cuál es el camino?

La destitución de quienes incumplieron el dictamen, no hay más. Cada uno es responsable por sus actos. Si la Corte mañana dice que tenemos que salir los siete, en mi caso, me voy con la conciencia tranquila porque he actuado en derecho. Tengo la conciencia tranquila de que actué en derecho, hice las cosas bien, he tratado de hacer ver las cosas a los consejeros. Si nos llega una destitución a todos, me iré a mi casa tranquila y con el deber cumplido. Si quieren aferrarse al cargo para cumplir una agenda política porque no tienen nada que perder, eso no lo voy a permitir.

Si la Corte toma otra postura y solo los regaña, ¿cree que se dará carta abierta a que continúen estas actuaciones?

Creería que Verdezoto y Bonifaz ya no van a estar tan doblegadas del correísmo. Van a pensar dos veces antes de pensar en cualquier acto en contra de derecho, porque hay consejeros que no vamos a permitir que se hagan estas cosas. Ir al pleno a que vean estas discordias no es lo más sano.

Al iniciar funciones había una mayoría con la que se eligió presidente y vicepresidenta para conducir el Consejo. ¿Qué pasó?

Nos reunimos previamente para conocer cuáles eran los planes de cada uno. No iba a ser Verduga el presidente, sino que iba a ser Alembert que eran los planes que ellos tomaron hace rato, porque tenían mayoría. Nos dijeron que nos sumemos, que iba a ser un cuerpo colegiado ameno, nuevo, joven, jovial y por tanto, que llevemos las cosas bien. En esos días le dije a Alembert: ‘Esto no lo hago por ti, lo hago por el bien y la tranquilidad del país’. No podía estar contenta de que el Consejo empiece con pugnas y dije ‘demos un voto de confianza, al final van a ser compañeros por cuatro años’ y entrar peleando desde el primer día no era lo mejor. Pero ahora no tengo ni puerta en mi oficina y me toca pedir por Quipux hasta por un clavo, me tocó plantear una demanda para acceder a información pública del Consejo. Sin hacer problema en el inicio, me han tratado como me han tratado, qué hubiera pasado si entraba haciendo lío.

¿Cómo avanzaron a esta división?

Lo que pasó con la fiscal fue el principio y fin de todo, porque pedimos que nos cuente qué estaba pasando, por qué nos estaba iniciando una indagación, porque no íbamos ni una semana y ya teníamos una indagación. Pero nos comenzaron a ocultar información. Después, el tema acelerado con que se trató el tema de la fiscal. Cuando empezaron con todo esto, me hizo percibir que no iba nada bien. El señor Vera ha sido grosero conmigo y por eso he tomado distancia. No por miedo, pero no me voy a prestar a que me insulten o me traten mal cuando no tienen la razón y no vamos a llegar a un consenso. He preferido evitar para no ponerme en riesgo. Sé lo que me van a decir, aunque le muestre la ley, ellos siempre van a seguir en su línea y lo único que voy a ganar es que me traten de ‘tonta’, de que no sé, de que vaya a leer el reglamento…

Además de los procesos contra la fiscal y contra la misma Corte Constitucional, se suman acciones de protección para cambiar reglamentos en la elección de autoridades, como del contralor, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. ¿Son mecanismos para cambiar todo?

¿Quién es el que dijo que quiere cambiar todo, quién ha dicho públicamente que quiere una constituyente? (Rafael Correa). Están preparando un camino fértil para tener una constituyente, diciendo que la Corte no debía ser la que tenemos actualmente. Esas cosas se han estado haciendo y se están haciendo.

¿Tomará un nuevo rumbo el Consejo si hay un cambio de fuerzas ante una posible destitución?

Yo vengo de un proceso ciudadano, no me debo a un poder político o económico... Creería que en esta vez podría ciudadanizarse el Consejo. (I)