Envuelto en críticas, la elección del contralor del Estado podría concretarse la próxima semana

Empañado por acciones de protección, alertas de irregularidades y una investigación judicial el concurso público para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado llega a su etapa final.

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Según las estimaciones, si el proceso no se detiene por acciones legales, entre el 9 y 10 de octubre, se podría conocer el rostro del nuevo contralor que estará en funciones por los próximos cinco años.

Este sábado, 30 de septiembre de 2023, 103 candidatos que aspiran a ocupar el cargo de contralor rendirán la prueba de conocimientos desde las 10 horas, en el coliseo del colegio Sebastián de Benalcázar, en Quito, siendo esta la última fase del proceso de elección que lleva a cabo una comisión ciudadana de diez miembros.

La mañana de este 28 de septiembre, a las 11:05 se publicó el cuestionario de 2.000 preguntas en la página web del CPCCS sobre las que se basará este examen.

La actividad se realizó con la presencia de algunos miembros de la comisión ciudadana y funcionarios del Consejo. Pasaron un susto porque no se abría la puerta del área en donde se mantuvo en reserva el banco de preguntas, que estuvo resguardado por efectivos de la Policía Nacional.

Se usó una sierra eléctrica para romper la puerta y acceder al equipo técnológico.

El cuestionario lo elaboró un equipo de catedráticos en temas como auditoría, derecho, administración y gestión pública, economía, ética pública y conocimientos generales, como lo determina el reglamento.

El día del examen, el sistema informático escogerá de forma aleatoria pruebas diferenciadas de 50 preguntas (cada pregunta valorada en un punto) que se entregarán a cada candidato. La nota se sumará al puntaje obtenido por los postulantes, sobre otros 50 puntos.

Luego se abrirá un periodo de tres días para que los candidatos pidan recalificación de sus calificaciones si se siente afectados y la comisión tendrá otros tres para resolver.

Con ello elaborarán el informe final que será trasladado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que designe a la autoridad en un término de dos días.

La decisión se tomará por votación de mayoría o unanimidad de los consejeros. Esa mayoría la componen Yadira Saltos, Augusto Verduga, Johanna Verdezoto y Alembert Vera.

En la minoría están Mishelle Calvache, Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz.

Justamente, Mishelle Calvache propuso revisar la situación legal de Nary Galarza, una de las integrantes de la comisión, que actúa en delegación de la cesada Asamblea Nacional. La vocal pidió explicaciones de quién le está pagando su salario o «está haciendo de a gratis o por un interés». No tuvo respuestas.

En la sesión del 27 de septiembre, Calvache expuso un certificado del Ministerio de Trabajo que acreditaba que Galarza no registra dependencia laboral con el sector público, pues con la disolución de la Asamblea el 17 de mayo finalizaron también los contratos por servicios ocasionales.

Galarza era funcionaria del despacho del exasambleísta del correísmo Fausto Jarrín y es parte del bloque de mayoría de la comisión.

Pero los cuatro consejeros, liderados por Vera, blindaron a la comisionada y argumentaron que las únicas razones por las que podría ser removida es si renuncia, se muere o la comisión acaba sus funciones, como lo detalla el artículo 38 del reglamento.

Acusaron a Calvache de tener la «firme intención de detener el concurso» y su moción tuvo el apoyo solo de Andrés Fantoni. Bonifaz no asistió a la plenaria.

No obstante, en junio, el presidente de la comisión, Marco Chalco pidió un criterio jurídico al Consejo sobre la participación de Galarza, pues podría provocar «nulidades» del concurso; aunque días después había desistido de su requerimiento.

Se había preparado un borrador de criterio legal en el que se sugería al CPCCS cesar en funciones a Galarza, porque no era funcionaria de la Asamblea, pero se archivó.

Entre otras acciones, el candidato Guido Escobar Pérez ingresó este miércoles una acción de protección con medidas cautelares por una presunta vulneración de derechos y trato discriminatorio de parte de la comisión ciudadana, que le rebajó diez puntos en su nota de méritos.

El hecho ocurrió el 12 de septiembre, cuando con los votos de Marco Chalco, Carmen Atupaña, Melisa Cabrera, Lenin Uquillas, Janeth Ojeda y Nary Galarza se revisó su expediente que había alcanzado 50/50 puntos en sus méritos, pues consideraron que estaba «sobrevalorado» y su calificación era «deshonesta».

Le redujeron diez puntos en su experiencia laboral y con ello subieron a los primeros lugares los candidatos Alejandra Vivanco, exsubcontralora en el periodo del excontralor procesado por hechos de corrupción Carlos Pólit, con 49,5/50; y Juan Falconí Puig, exdiplómatico en el gobierno de Rafael Correa, que tiene 47 puntos.

Por este suceso una ciudadana, Jenniffer Díaz Ortiz, interpuso una acción de protección en contra del Consejo por no vigilar las actuaciones de la comisión.

El juez Jorge Medina, de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas) dictó medidas cautelares que mantuvieron suspendido el concurso por once días, pero Díaz desistió de continuar y se levantaron las restricciones, por lo que se convocó a rendir el examen escrito para este sábado.

Ahora, Díaz enfrenta una denuncia en la Fiscalía General por presunto fraude procesal, planteada por Alembert Vera.

La Fiscalía también abrió una investigación previa en contra de Marco Chalco, presidente de la comisión, por el delito de presunto fraude procesal, por lo ocurrido el 12 de septiembre.

En la Corte Constitucional está en trámite otro proceso. Una demanda de incumplimiento de sentencia presentada por Andrea Medina, quien planteó una acción de protección en abril que provocó que el concurso se retrotraiga a la fase de admisibilidad y con otro reglamento.

Medina reclama que el CPCCS y la comisión incumplieron un fallo porque no descalificaron a los postulantes que incumplían los requisitos legales, como lo dispuso el juez Diego Guayasamín. (I)