Referéndum en camino: ¿están preparadas las Fuerzas Armadas para unirse a la lucha contra el crimen organizado?

Los dos últimos Gobiernos han regresado su mirada a las Fuerzas Armadas como una alternativa para complementar la política pública de seguridad interna y así neutralizar las bandas delictivas relacionadas con el crimen organizado.

El expresidente de la República Guillermo Lasso planteó una enmienda al artículo 158 de la Constitución que cumplió su trámite de debate y aprobación en la Asamblea Nacional y resta someterla al voto popular mediante un referéndum.

El proyecto propone que las Fuerzas Armadas puedan apoyar de forma complementaria a las tareas de seguridad contra el crimen organizado, previo un pedido del comandante de la Policía Nacional y la aprobación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que contemple los plazos de ejecución de las operaciones.

Este texto está en la Corte Constitucional (CC) para que haga un último control previo de constitucionalidad de la convocatoria a referéndum, de los considerandos y la pregunta como tal y se envíe al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que organice la jornada de votación.

Uno de los argumentos para impulsar este cambio fue reconocer que el control territorial y de infraestructura para enfrentar al crimen organizado eran insuficientes. La prueba fue que un parámetro de evaluación llamado integridad territorial ubicó a Ecuador con una calificación de 4,50 sobre 10.

Pero, ¿están las Fuerzas Armadas preparadas para asumir esas competencias? Sí, estableciendo límites legales, logísticos y operativos, consideran analistas consultados.

El exsecretario nacional de Seguridad Pública y del Estado y general del Ejército en retiro Wagner Bravo resalta que los militares logran complementarse a las circunstancias especiales, pero advierte que lo que no debe ocurrir es que se releven las competencias de cada institución.

Las Fuerzas Armadas tienen la misión de la defensa de la soberanía y la integridad territorial por atribución constitucional y al menos otras 23 misiones subsidiarias para apoyar en actividades de vacunación, desastres naturales, acompañamiento a instituciones, procesos electorales, los censos nacionales, entre otros.

Su trabajo se basa en capacidades estratégicas -dice Bravo- porque se hacen operaciones militares con base en información de inteligencia. «Ahora, si van a enfrentarse a elementos delincuenciales se debe determinar cuáles son las capacidades para enfrentarse a esas amenazas».

La Policía tiene el derecho privativo del control interno, por lo que, al proponer un trabajo complementario, tendría que haber una coordinación directa entre los dos cuerpos de seguridad, que es lo que aspiraría lograr la reforma parcial al artículo 158, afirma Bravo.

Para enfrentar estos fenómenos delictivos las dos instancias requieren de atención estatal con la inyección de presupuesto para la compra de armamento.

Guillermo Lasso admitió que la Policía Nacional fue rebasada por el crimen organizado, pues no logró contener su avance y surgió la necesidad de que reciba el apoyo militar.

Su pie de fuerza es de más de 42.000 militares y para fortalecerla, se habría destinado $ 429 millones para compra de armamento y equipamiento y otros $ 600 millones quedaron en inversiones hasta el 2026.

Para mejorar las condiciones del personal, se aumentó el valor de su alimentación conocida como rancho, de $ 90 a $ 190.

Se buscó cooperación internacional del Departamento de Defensa de Estados Unidos y con la firma de un memorándum de entendimiento se fijaron 169 objetivos de intercambio de información, entrenamiento, capacitación.

Los resultados se verían en un lapso de siete años e implicará una inversión de unos $ 3.000 millones, detalló Lasso en su libro 900 días de mandato.

Para fortificar a la Policía Nacional se trabajó en un plan para vincular a unos 30.000 elementos.

Las cifras oficiales dan cuenta de que hay 51.000 policías en sus filas y para aumentar ese número, se elaboró un plan que incorpore a otros 30.000 hasta el 2025 y llegar a los 80.000.

Se habría hecho una asignación de $ 25 millones para adquirir armas, fusiles, subfusiles, fusiles de precisión, radios, computadoras, sillas, escritorios, uniformes, entre otros artículos.

El almirante de la Armada en servicio pasivo Aland Molestina cree es oportuno que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interna, ajustándose al marco legal.

«Están entrenadas para enfrentar a un enemigo externo, no se diga para enfrentar a bandas criminales. Hay la preocupación sobre el respeto a los derechos humanos, pero la institución tiene una larga trayectoria de tener en su pénsum académico esas materias», dice el oficial.

No obstante, considera que debería delimitarse hasta dónde alcanza la intervención militar, definiendo aspectos como el área en la que se va a actuar y el tiempo que durarán las acciones o estrategias.

El exdirector de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y analista Mario Pazmiño resalta que los militares tienen una preparación permanente, tanto en ámbitos de derechos humanos como de capacidades operativas, lo que facilitaría su participación complementaria.

Aunque los resultados positivos «se verán siempre y cuando haya una planificación y una presencia disuasiva permanente, si no la hay podrán sacar a todas las Fuerzas Armadas y no tendrán resultados. Hay que cambiar de estrategia», opina Pazmiño.

A su criterio, «el tema no se limita a lo policial, porque las amenazas están afectando a la seguridad nacional y eso deben comprender los gobiernos. Las bandas, las megabandas, las proto-mafias no le afectan a las unidades de policía comunitarias (UPC), están afectando a la seguridad nacional», sugiere.

El general y exministro de Defensa Oswaldo Jarrín discrepa de la probabilidad de que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna porque «se pueden tergiversar los roles».

Lo que falta -indicó Jarrín- es que se adecúen las competencias para el cumplimiento de las órdenes, lo que no quiere decir que desde la Constitución se fusione a Policía y Fuerzas Armadas para que no se confundan las misiones.

«Lo que no puede existir es unidades bicéfalas (dos cabezas) con un mando policial y otro militar. A no ser que se quiera integrar a las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. No es recomendable porque tenemos estructuras diferentes. Hay que readecuarlas a las nuevas amenazas, pero eso no significa cambiar los roles o incorporarles en una estrategia matemática al número de efectivos de la Policía», cuestionó en radio Democracia días atrás.

Preguntas de la consulta de Noboa

A esta enmienda constitucional se suma el debate de la consulta popular de once preguntas que promueve el presidente Daniel Noboa Azín, de las que una de ellas busca que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional.

Recomienda que la operatividad esté a cargo del Cosepe, que definiría de forma reservada las zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones, la delimitación de las acciones para prevenir y erradicar su actividad; y el mecanismo de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos.

Su pregunta surge de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que en el artículo 11 dispone que la defensa de la soberanía e integridad territorial incluirá acciones para recuperar o mantener la soberanía en aquellas zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones, lo cual incluye acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales en el territorio nacional.

El texto está en análisis de la Corte para que emita un dictamen previo de control y determine la vía legal para su aplicación.

Wagner Bravo observa que en esta iniciativa no se habla de complementariedad. «Esa pregunta propone que las Fuerzas Armadas podrían actuar solas y, para eso la institución no está preparada, porque en su entrenamiento lo que hacen es atacar a un enemigo perfectamente definido, como es el ataque de un ejército de otro país o de los guerrilleros en las fronteras».

De darse este cambio, entonces se debería reformar la Constitución para dar nuevas competencias y estructurarse una doctrina, entrenamiento, equipamiento. «Las Fuerzas Armadas podrían hacerlo, pero no tiene competencia legal, tendría que generar doctrina parecida a la de la Policía para judicializar delitos. Es un proceso largo, que no tendría resultados inmediatos», indicó Bravo.

Aland Molestina también advierte que la consulta de Noboa podría dejar «independiente» la acción militar, sin precisar plazos o cómo se enlazará a las tareas de seguridad interna; al contrario de la enmienda, en la que se fijan plazos de 180 días para la intervención militar. (I)