Un excapitán, dos empresarios, un pescador, un organizador de conciertos y un expandillero, entre los ‘fundadores’ del narcotráfico en Ecuador

En los últimos treinta años, ocho ecuatorianos han sido identificados por la Policía como los cabecillas ‘fundadores’ del tráfico de drogas en el país. Entre ellos han figurado un excapitán del Ejército, un expandillero, empresarios, exportadores, pescadores, comerciantes y hasta un organizador de conciertos.

La Dirección Nacional Antidrogas (DNI) menciona sus nombres en ese listado: Jorge Reyes Torres, Óscar Caranqui Villegas, Wilder Sánchez Farfán, César Montenegro Castillo, César Fernández Cevallos, Telmo Castro Donoso, Édison Prado Álava y Leandro Norero Tigua.

Los ocho, en el periodo 1992-2022, movieron cientos de millones de dólares para la comercialización de sustancias estupefacientes y crearon organizaciones señaladas como las responsables de los envíos más grandes de cocaína al exterior. Todos han sido capturados por la Policía y tres de ellos han sido asesinados en prisión (Caranqui, Castro y Norero).

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Buscamos que la droga no ingrese a nuestras fronteras y que no llegue a las ciudades, que no se genere esta violencia, que no llegue a los puertos y que no sea un embudo

Pablo Ramírez, titular de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

En los prontuarios de los ocho narcotraficantes no solo hay delitos por tráfico de drogas, sino también por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tenencia de armas, delitos aduaneros, asociación ilícita, incluso asesinato.

El Patrón, Don Monti, Jaguar, Gato Farfán, Capi o Gerald son algunos de los apelativos con los cuales eran conocidos en el mundo del narcotráfico. La mayoría creó redes en las provincias y consiguió contactos con carteles colombianos y mexicanos, que los contrataron para que movilizaran la droga por vía marítima y terrestre.

Se iniciaron en el narcotráfico cuando tenían más de 25 años, en algunos casos fueron ascendiendo en el negocio cuando sus jefes cayeron presos o fueron asesinados, otros dejaron la vida militar para unirse al cartel de Sinaloa, y hubo también aquel que ocupó un alto cargo público y más tarde organizó redes de empresas para exportar el alcaloide.

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La Policía clasifica a los ocho narcotraficantes en tres décadas: de 1992 al 2002, Jorge Reyes; del 2002 al 2012, Óscar Caranqui, Wilder Sánchez, César Montenegro y César Fernández; y del 2012 al 2022, Telmo Castro, Édison Prado y Leandro Norero.

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Freddy Avilés, investigador social e historiador.

Avilés agrega que estos pequeños carteles “comienzan a tener contacto con gente en Ecuador, que era un país de tránsito de la droga a inicios del 2000″.

Desde entonces, la Policía ha descubierto cultivos y laboratorios para el procesamiento de las sustancias y, aunque ha desmantelado las redes creadas por los grupos narcodelictivos y apresado a sus cabecillas, nuevas jefaturas ascienden en las estructuras delincuenciales. (I)

2022: Leandro Norero Tigua, alias ‘Patrón’

Leandro Norero, de 36 años, exlíder de la pandilla de los Ñetas y financista de los Chone Killer, comenzó su vida delincuencial antes de los 20 años. En marzo de 2006 se registró su primera detención por tenencia de armas, pero fue liberado porque no se presentó una acusación particular. Dos años después, Norero fue parte del acuerdo de paz entre los Ñetas y los Latin King, durante el gobierno de Rafael Correa. “Si fuera cierto, tremenda prueba”, comentó Correa al referirse a una fotografía de Norero junto a él y a su exministro Ricardo Patiño.

En 2012 Norero, quien portaba cédula de Guayas, fue detenido por robo en Esmeraldas, donde dijo que se desempeñaba como mensajero. Ya en 2018 se lo investigó por tráfico de drogas, Norero fue procesado porque alquiló a su nombre un vehículo en el que se transportaba cocaína que fue incautada en el aeropuerto de Santa Rosa, El Oro. No obstante, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo.

Norero fue identificado en 2014 por ser el ‘reclutador’ de dos ecuatorianos que llevaban droga en el estómago y que fueron detenidos en el aeropuerto del Callao, en Perú, país que emitió una difusión roja para que fuera capturado. Para evitar su localización, en agosto del 2020, su padre, William Norero Litardo –fallecido en 1999 según información judicial-, pidió en Perú que se extinguiera el proceso contra su hijo, porque este había fallecido en 2020 por COVID. Así, alias Patrón logró que la Interpol levantara su orden de captura.

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Entre 2019 y 2022, el patrimonio de Norero se quintuplicó. Su pago de impuestos, que había sido de $ 8.375 en 2019, subió a $ 50.394 en 2022. En mayo de ese año, Norero fue detenido junto con seis personas durante un operativo por sospechas de lavado de activos. El allanamiento se produjo a las tres de la madrugada en una mansión valorada en $ 2 millones en La Puntilla, Samborondón, mansión en la que se encontraba la exfiscal antinarcóticos María Dolores Coloma.

En la mansión se hallaron dinero en efectivo y lingotes de oro por $ 10 millones, aunque en total el valor de sus bienes (19 inmuebles y 13 vehículos) superan los $ 24 millones. “Los policías tuvieron que ir a los Registros de la Propiedad de cada ciudad para ver los bienes de Norero”, comentó una fuente de esa entidad.

Norero fue enviado a la cárcel de Cotopaxi y murió asesinado en una revuelta penitenciaria cinco meses después, en octubre de 2022, año en el que registró más denuncias, por tenencia de armas, obstrucción de la justicia y suplantación de identidad.

2017: Édison Prado Álava, alias Gerald

A eso de las cinco de la tarde del 14 de julio del 2012, un barco de la Armada zarpó del puerto de Esmeraldas para recibir a cuatro ecuatorianos que habían sido detenidos el 19 de junio en altamar, frente a las costas de Nicaragua, con diez paquetes de cocaína embaladas de color rojo y con la numeración 888.

Entre los detenidos figuraba Édison Washington Prado Álava, un manabita de entonces 31 años, que había sido reclutado por la organización narcodelictiva colombiana Los Rastrojos para que se encargara del transporte marítimo de la droga hacia Centroamérica y México.

“Mi tío me dijo para ir a dejar unas mangueras a un barco que estaba dañado, que se llama Paulita. No sé quién es el propietario del barco Paulita. No vi lanchas particulares en el lugar, yo soy marinero, todos somos marineros, íbamos piloteando como se dice, ese era mi papel. No pregunté del zarpe, yo solo me vine a embarcar, incluso tengo mi matrícula”, testificó Prado, alias Gerald, también llamado “el Pablo Escobar ecuatoriano”, en alusión al narcotraficante del mismo nombre, ya fallecido, que dirigió el cartel de Medellín y que sembró el terror en las décadas de los 80 y 90 en Colombia.

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Gerald fue sentenciado en 2012 a cuatro años de prisión como cómplice del tráfico de drogas, pero no es el único caso que él registra en la Función Judicial. Del 2008 al 2018, año en que fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia, constan diez procesos contra Édison Prado por coyoterismo, asesinato, homicidio y lavado de activos. Y en la Fiscalía se han presentado denuncias en su contra por tres asesinatos en 2017, falsificación de documentos en 2018 y otro asesinato en 2015.

Investigadores policiales concluyen que Prado habría enviado unas 250 toneladas de droga a Estados Unidos y que manejaba toda la cadena del narcotráfico, desde la producción hasta la comercialización, para lo cual se apoyaba en bandas locales -que le proporcionaban el ‘brazo armado’ que necesitaba para su negocio-, como Los Choneros en Manabí, primero Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y más tarde José Macías Villamar, alias Fito.

Contra la estructura delictiva de Gerald, la Policía realizó el operativo Sol Naciente, en abril del 2017, y le incautó $ 17 millones ocultos en caletas en dos inmuebles en las ciudadelas Los Ceibos y Puerto Azul. “Con Édison Prado somos hermanos, nos llevamos bien, de los valores que se han mencionado en esta audiencia, los cuales están depositados en el Banco Pichincha, son producto de la actividad comercial de la pesca, de exportación e importación de pescado, camarón, cosas así, el pescado le entregaba a un señor aquí en Guayaquil”, dijo Betsy Prado en su testimonio ante la Fiscalía.

Sol Naciente se ejecutó un día después de que Gerald fuera detenido en Nariño, Colombia, por tráfico de drogas. En ese país estuvo hasta el 24 de febrero del 2018, cuando fue extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 19 años de prisión, condena de la que actualmente ha pedido una “rebaja compasiva”.

2013: Telmo Castro Donoso, alias Capi

Media hora antes de la medianoche del 1 de octubre de 2009, en el kilómetro 81 de la vía Lago Agrio-Quito se produjo la primera detención judicial registrada en el prontuario del excapitán Telmo Remigio Castro Donoso, conocido con el alias de Capi, un narcotraficante lojano que operó en Ecuador al servicio del cartel de Sinaloa de México.

En un control de rutina, la Policía detuvo esa noche un camión que transportaba 557 kilos de cocaína. “El camión –un furgón blanco con el logotipo del Ejército ecuatoriano– estaba conducido por un miembro del Ejército que llevaba uniforme, donde encontraron la sustancia estupefaciente en el doble fondo”, señaló un agente investigador.

El Capi viajaba en un vehículo rojo que custodiaba el camión, junto con cuatro personas. “Todo esto se trata de una confabulación de un grupo de policías con el fiscal que, valiéndose de pruebas y versiones falsas, intentan incriminarme en un delito que jamás he cometido”, señaló este exmilitar en servicio pasivo, quien aseguró ante el fiscal que luego de salir de las Fuerzas Armadas se había dedicado a la “compra y venta de vehículos usados” y que había viajado a Lago Agrio a comprar una camioneta que estaba en venta.

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Ese mismo año, una serie de allanamientos develaron una estructura de lavado de activos en la que figuraban dos empresas domiciliadas en Guayaquil, en cuyas bodegas se encontraron 7,3 toneladas de droga, armas, vehículos y motores fuera de borda. Además se hallaron documentos con leyendas que decían “Militcap”, descifrado por la Policía como “Capitán Militar”.

Telmo Castro fue sentenciado por el delito de encubridor a dos años de reclusión, condena que le fue rebajada a 20 meses y más tarde se le exoneró del 49 % de la pena por buena conducta. Sin embargo, continuó en el negocio del narcotráfico.

En junio del 2013, Castro fue detenido junto con Wilder Sánchez Farfán, alias Gato Farfán, en el sector de Monte Verde, en la zona de Santa Lucía-Pichincha (Manabí). Ambos viajaban en un vehículo que custodiaba a un camión que transportaba 450 paquetes de cocaína y se dirigía a una pista de aterrizaje, donde esperaba una avioneta piloteada por dos mexicanos del estado de Sinaloa.

Más tarde, durante el juicio de Joaquín Chapo Guzmán en Estados Unidos, se supo que la cocaína que comercializaba el cartel de Sinaloa era transportada por el Ejército ecuatoriano en camiones hasta dos almacenes en Quito y Guayaquil, que un capitán llamado Telmo Castro cobraba $ 600.000 por el transporte y que se sobornó con $ 200.000 a la Marina para que informara al cartel de la ubicación de la Marina estadounidense.

El Capi fue sentenciado a diez años y ocho meses de prisión, pero solo estuvo cinco años porque obtuvo la prelibertad en junio de 2019. En diciembre de ese año le revocaron el beneficio porque no cumplió las condiciones. Ese mes fue asesinado en la cárcel Regional de Guayaquil. Su cuerpo fue hallado en su celda, desnudo, amarrado de pies y manos, y con quince puñaladas en el tórax y rostro. (I)

2012: César Fernández Cevallos

La llamada telefónica de “un individuo de acento costeño” a la línea 1800-Drogas alertó a la jefatura de Antinarcóticos del Guayas sobre “una organización narcodelictiva que estaría liderada por el señor César Enrique Fernández Cevallos”, el 11 de junio del 2012.

Durante dos meses, la Policía hizo seguimientos a esta red que operaba en Guayaquil, Quito y Santo Domingo. Se allanaron ocho inmuebles, entre ellos, uno en la urbanización Villa Club Cosmos, donde se hallaron cuatro sacos de yute con 100 paquetes de cocaína, se incautaron cinco vehículos, $ 35.000, cuatro pistolas con alimentadoras y municiones, equipos de comunicación y teléfonos celulares.

Un hombre de nacionalidad colombiana, que se hizo llamar Patricio, indicó que había sido objeto de amenazas por parte de una organización para que él participara. En Colombia tendría a su jefe alias Yegua y sus hombres de confianza en Ecuador serían una mujer colombiana alias Pantera y el señor César Enrique Fernández Cevallos, quienes serían los financistas y tendrían el dinero de esta organización (…), de igual manera estarían enviando droga a Europa por medio de contenedores y tendrían un colaborador de ciudadanía guatemalteca con alias Parce, asimismo trabajarían con el ciudadano acusado Francisco Arturo Jiménez Quijije, como agente afianzado de aduanas y otro individuo denominado Arquitecto, quien sería un contacto en el puerto

Proceso judicial que revela la estructura de la organización delictiva.

En el juicio, la Fiscalía presentó las llamadas entre Fernández y los demás miembros de la organización, sin embargo, en su testimonio él se declaró inocente: “Totalmente inocente en este y de todos los casos que se me han imputado” y “nunca en mi vida he visto a los señores”.

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Socio de unas diez empresas, casi todas actualmente canceladas en los registros de la Superintendencia de Compañías, Fernández era conocido en Manabí como empresario dedicado a la pesca, a la acuacultura, a la fabricación de alimento para animales domésticos y de granja y a las actividades inmobiliarias.

Fernández fue sentenciado a diez años de prisión, condena menor a la que le correspondía (16 años) debido a que los jueces consideraron su condición de tercera edad. No obstante, apeló sin éxito la sanción.

Era la segunda vez que César Fernández, exgobernador de Manabí en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, caía detenido por el delito de tráfico de drogas. La primera vez, en octubre del 2003, Fernández fue apresado en el operativo Aniversario junto con catorce personas de nacionalidad ecuatoriana, mexicana y colombiana.

Ahí la Fiscalía decomisó 450 kilos de cocaína y una avioneta con bandera mexicana. Fernández fue sentenciado a 16 años, pero el entonces presidente de la primera sala penal de la Corte Nacional redujo la condena a 12 años, que fueron en realidad seis, porque el exgobernador se acogió al beneficio del 2x1 (reducción de la pena de hasta un 50 %).

En mayo del 2010, Fernández dijo en una entrevista que lo primero que había hecho al cumplir esa condena había sido agradecerle a Dios: “Por haberme permitido salir con vida de la cárcel. Abracé a mis hijas, fuimos a una iglesia para dar gracias, no solo por salir en libertad sino por salir ileso”. Dos años después volvió a prisión, en 2012. Hoy se encuentra en libertad. (I)

2011: César Montenegro Castillo, alias Don Monti

“Ah, estos dos nos han estado siguiendo. Amárralos, este rato los llevamos a matar”, dijo uno de los diez hombres que la noche del 18 de marzo del 2011 emboscaron a los policías antinarcóticos Marco Guayña y Darwin Andrango en el sector de la Y, en el antiguo ingreso a la parroquia Píntag, en Quito.

“Varias personas colaboraron con atarnos los pies y las manos hacia atrás, luego nos vendaron el rostro con cinta de embalaje, dejándome un pequeño espacio en los ojos que me permitió tener visibilidad, luego arrastrando nos llevaron a la camioneta, y pude observar que se encontraba como piloto César Emilio Montenegro Castillo, a quien conocía por otras investigaciones antinarcóticos”, contó el policía Guayña en el testimonio anticipado que dio luego de sobrevivir a un disparo cerca de la cabeza que no le provocó la muerte, como sí le sucedió a su compañero Andrango.

Ambos cumplían labores de inteligencia ante la denuncia anónima de una mujer que había alertado de que César Montenegro Castillo tenía previsto trasladar un cargamento de droga desde Lago Agrio hasta Guayaquil, camuflada en la plataforma de un cabezal resguardado por una camioneta.

Montenegro Castillo era el “jefe de la operación”, señaló la Policía en el proceso judicial que se le inició tras detenerlo días después en plena avenida de los Shyris, en Quito, cuando huía de la persecución policial. Por vía aérea se ubicó la plataforma que contenía –en un compartimiento diseñado para ocultar la droga– 264 kilos de cocaína.

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Don Monti, como se conocía a César Emilio Montenegro, ha sido vinculado por la Policía a otros operativos antidrogas (Mirador y caso Victoria) y se lo considera el nexo de los carteles Norte del Valle (Colombia) y de Sinaloa (México) en Ecuador. En su prontuario judicial no solo consta el delito del asesinato del policía Andrango, por el que lo sentenciaron a 20 años de prisión, también por narcotráfico y por lavado de activos.

Hasta el 2011, la Policía estima que Montenegro introdujo unos $ 32 millones en el sistema financiero mediante la creación de empresas ‘fantasmas’ dedicadas a la aparente actividad de compra y venta de vehículos, cultivo de palma africana, servicio de carga y transporte pesado, incluso a la actividad inmobiliaria con la compra y venta de inmuebles.

Familiares y amigos –que no poseían ingresos que justifiquen su patrimonio– figuraban como propietarios de casas, departamentos, edificios, fincas o empresas. Algunos bienes se compraron en zonas fronterizas con Colombia, como San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio, porque servían de bodegas para la droga. Parte de sus ganancias, cree la Policía, también se ‘lavaba’ mediante préstamos a interés (chulco), de $ 5.000 hasta $ 10.000.

Señalado como nexo también de la mafia albanesa, Don Monti se ha acogido al “derecho al silencio”, mientras que un amigo que testificó a su favor dijo que conocía a Montenegro como un hombre “educado, cortés, preocupado por su trabajo, nunca tuvo un problema”. Otro dijo que Don Monti se dedicaba a manejar grupos de vallenato, que organizaba conciertos y que trajeron artistas que se presentaron en discotecas de la capital, que “siempre fue tranquilo”. (I)

2009: Wilder Sánchez Farfán, alias Gato Farfán

Dos misiones tenía que cumplir en Ecuador la avioneta piloteada por tres mexicanos del estado de Sinaloa y que había aterrizado en una pista clandestina en el recinto Campo Verde, en el sector de Santa Lucía-Pichincha (Manabí), el 6 de junio del 2013.

La primera, cargar 450 paquetes de cocaína y abastecer al cartel de Sinaloa en México; y la segunda, colocar dos cruces en la ‘loma de la muerte’, en la comunidad de Taiche, al sureste de Pedernales, ahí donde dos de sus compañeros del cartel de Sinaloa habían muerto el 13 de mayo del 2012.

La noche de ese domingo de mayo, una avioneta mexicana que llevaba unos $ 5 millones, en billetes de $ 100, se estrelló y provocó la muerte de dos de sus ocupantes, Santiago López Monzón, de 22 años, y Cruz Solís López, de 36 años, junto con tres perros chihuahua. Estampas de la Virgen de Guadalupe y de Jesucristo quedaron esparcidas junto a los metales retorcidos.

Para ellos eran las cruces de metal color plateado grabadas con sus nombres, sus alias y sus fechas de nacimiento y de muerte que venían en la avioneta que aterrizó en Campo Verde. “Los nombres que constan en las cruces corresponden a los pilotos mexicanos fallecidos en aquel accidente aviatorio”, señaló la Policía en el proceso judicial que se inició luego que un operativo antinarcóticos impidiera las dos misiones de la avioneta y que lograra la detención de dos narcotraficantes, Telmo Castro Donoso y Wilder Emilio Sánchez Farfán.

Para entonces, Wilder Sánchez, conocido con el alias Gato Farfán, operaba como el ‘brazo derecho’ de Telmo Castro, un excapitán de las Fuerzas armadas con nexos en el cartel de Sinaloa y que le garantizaba al Chapo Guzmán el transporte de la cocaína en camiones del Ejército ecuatoriano.

Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias ‘Gato Farfán’, manejaba poderosos nexos con carteles mexicanos y por ello estaba en la mira de Estados Unidos

Asesinado Castro en prisión en 2019, hoy Gato Farfán ha sido considerado por Estados Unidos uno de los “principales narcotraficantes del mundo”. “Sánchez Farfán ha enviado representantes de su organización a México para reunirse con miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, para establecer una relación de trabajo para importar cantidades de varias toneladas de cocaína a México desde Ecuador”, señala el Gobierno norteamericano.

En junio del 2013, por tráfico de drogas, Wilder Sánchez fue sentenciado a tres años de prisión. “No tengo nada que ver, ni participación alguna en el tráfico de drogas de que se me acusa”, dijo Wilder Sánchez en junio del 2013 y luego se acogió al derecho al silencio. No obstante, la Policía argumentó que él manejaba el vehículo que custodiaba al camión con la cocaína y que además le encontraron en su poder “dos granadas de mano tipo limón, seis cohetes RPG color verde, seis cargas explosivas de forma cilíndrica”, $ 900 en su billetera marca Fossil, tarjetas de debido y una cadena de metal amarillo.

De 43 años y nacido en Sucumbíos, este narcotraficante acumula un prontuario que incluye denuncias en su contra por daños materiales en 2018, tráfico de drogas en 2013, lavado de activos en 2023 e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel de Sucumbíos, donde cumplió su condena en la misma celda de uno de los mexicanos que piloteaban la avioneta.

Libre desde 2016 por el beneficio de la prelibertad, Gato Farfán continuó en el negocio de sustancias hasta que fue detenido en Pasto, Colombia, en 2023, cuando circulaba en una camioneta. Actualmente se gestiona su extradición hacia Estados Unidos. (I)

2005: Óscar Caranqui Villegas, alias Jaguar

A la una de la tarde del 13 de junio del 2013, Óscar Rubén Caranqui Villegas, uno de los narcotraficantes claves en la historia de este delito en el país en los últimos 30 años, murió asesinado con varios disparos en la cárcel guayaquileña que entonces se consideraba la más segura del país, La Roca. A esta prisión había sido trasladado desde el penal García Moreno de Quito. La entonces directora de Rehabilitación Social, Alexandra Zumárraga, señaló que Caranqui mantenía armas y miles de dólares en su celda.

Su asesino, un compañero de prisión, dijo el día de la audiencia que lo había matado porque Caranqui había amenazado a su familia. “Lo mato a él y solucionado el problema”, contó el acusado frente al juez, en cuya presencia sacó del cuello de su camisa varios sobres con droga y los entregó a las autoridades argumentando que la sustancia le había sido entregada por la misma víctima.

Caranqui había sido condenado el 12 de marzo del 2009 a 20 años de reclusión, que luego los jueces rebajaron a 16, y al pago de 2.000 salarios básicos por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

La sentencia se dictó tras el operativo antinarcóticos denominado Madera, en el que la Policía Antidrogas incautó 152 kilos de cocaína oculta en 40 cajas de madera en las que supuestamente se exportaban artesanías hacia Bruselas, Bélgica, en julio de 2003. Al año siguiente la Policía le incautó una docena de propiedades en Imbabura y Carchi, entre ellas, una casa de cuatro pisos, un patio de vehículos, una finca y dos haciendas.

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La Policía estimaba una fortuna de más de $ 4 millones, a nombre de sus familiares y terceros. “A sabiendas del origen ilícito del dinero entregado por el señor Óscar Rubén Caranqui Villegas y con el objeto de ocultar tal origen se dedicaron a negociarlo, poniendo a funcionar el patio de compra y venta de vehículos denominado Crediautos, para dar a ese dinero la apariencia de legal, aparte de haber simulado una compra del terreno donde funcionaba este negocio para tratar de evitar que Caranqui Villegas sufra la incautación del mismo”, señala un proceso por enriquecimiento ilícito.

Nacido en Imbabura, Caranqui tenía 42 años cuando fue asesinado. De su vida se conoció que había sido chofer en un hotel de Otavalo y que más tarde se dedicó al comercio de artesanías, viajando con frecuencia a Colombia.

Además de los delitos de tráfico de drogas, Caranqui, también conocido con el alias de Jaguar Cautivo, había sido procesado por tenencia ilegal de armas, cohecho, enriquecimiento ilícito y asesinato. Además había sido condenado como autor intelectual de cinco asesinatos en 2007.

Cinco meses antes de su asesinato, Caranqui había publicado un libro denominado La Roca, cementerio de hombres vivos, texto cuya distribución fue prohibida durante el gobierno de Rafael Correa. La jueza Laura López autorizó un allanamiento a la imprenta que tenía los derechos de publicación y decomisó 10.000 ejemplares, porque contenía “expresiones injuriosas” contra el presidente Correa y otros funcionarios de su gobierno. (I)

1992: Jorge Hugo Reyes Torres

El operativo antinarcóticos Ciclón, en junio de 1992, no solo marcó la década de los noventa y la segunda generación de la droga en Ecuador, también significó para la Policía Nacional un golpe para quien considera el primer narcotraficante en una lista de ocho ecuatorianos que han dirigido el tráfico de drogas en los últimos 30 años.

El lojano Jorge Hugo Reyes Torres tenía 39 años cuando ocurrió Ciclón, denominado así por el gran despliegue de policías en la incautación de más de 50 propiedades de este empresario, fincas, joyas, vehículos, departamentos y hasta un caballo siberiano valorado en $ 180.000, adquiridos –según la Policía– con ganancias del narcotráfico.

“Llega a conocimiento de la Policía, por información de moradores del sector, que en el fondo de la quebrada de Zámbiza se estaban quemando varios paquetes (…) con un peso bruto de 19.884 gramos de clorhidrato de cocaína, logrando la captura de los señores Nelson Salgado Guerrero y Rafael Suárez Rosero”. Así señalaba el parte policial con el que se acusó a Reyes Torres y a 49 personas, entre ellos policías y militares que integraban “la organización de tráfico internacional que efectuó envíos de cocaína y marihuana a Inglaterra”.

Policías investigadores estimaron que Reyes hizo al menos seis envíos de unos 500 kilos de cocaína a España.

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De las diligencias investigativas, la Policía determinó que Reyes Torres era el propietario de la droga, que había sido él quien se la entregó a los hombres que la llevaron y quemaron en Zámbiza. “Reyes Torres mantuvo reuniones con colombianos y mexicanos para realizar la entrega de $ 200.000 por un negocio de drogas”, señalaron las investigaciones. Reyes Torres fue sentenciado a 16 años y luego se le concedió una rebaja a catorce años de prisión, pero en 2001 recuperó su libertad.

En noviembre del mismo año volvió a prisión, acusado nuevamente de tráfico de drogas, en medio del operativo Ciclón 3. Lo condenaron como reincidente a 25 años de prisión, pero presentó recursos judiciales que derivaron en su excarcelación en junio del 2009.

“Todo fue un montaje de la Policía, la Fiscalía y la prensa”, afirmó Reyes Torres en una entrevista con EL UNIVERSO en 2009, sin embargo no quiso hablar del origen de sus bienes. “A mí no me pregunte cantidades”.

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En los registros de la Función Judicial constan más de una treintena de causas por las que Reyes Torres ha sido procesado, entre ellas, delitos aduaneros, asociación ilícita, tenencia de armas, testaferrismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tentativa de homicidio y asesinato. Reyes Torres fue sentenciado a doce años de prisión como autor intelectual del sicariato del presidente de la Corte de Justicia de Quito, Iván Martínez Vela, en 1988. El abogado de Reyes, en cuya casa se encontró el arma homicida, cumplió dos años en la cárcel como encubridor.

“Durante la operación Ciclón encontramos el arma con la que se lo asesinó y pudimos establecer que el autor intelectual fue Jorge Reyes Torres y los autores materiales, dos colombianos que mandó Pablo Escobar”, afirmó en 2010 Manuel Silva, exdirector de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

Reyes estuvo en prisión, en total, 17 años hasta 2009. “Podré estar en mi casa luego de una injusta prisión de 17 años. Gracias a jueces correctos”, dijo este empresario, mientras que el entonces fiscal general, Washington Pesántez, cuestionó que los jueces no solo dispusieran su libertad sino también de los bienes incautados: “Un juez no puede hacer eso. Mejor abramos las cárceles para que salgan los ladrones y narcotraficantes”. (I)