Por encima de los cuestionamientos a la concentración de poder y la pugna de las fuerzas políticas por controlarlo, el referéndum que se votó el 5 de febrero fue el tercer intento fallido en los últimos cinco años por eliminar de la estructura del Estado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o quitarle su atribución de elegir a las autoridades de control.