Corte Constitucional demanda reformas para que las garantías jurisdiccionales sirvan para tutelar derechos y no para satisfacer ‘intereses repugnantes’

Un pedido de reformas al sistema de justicia para fortalecer y evitar su uso para actos «repugnantes» hicieron los jueces de la Corte Constitucional (CC), a propósito de los casos Metástasis y Purga, que destapó la Fiscalía General del Estado en los últimos cuatro meses.

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Este jueves, 14 de marzo de 2024, el pleno de la Corte Constitucional sesionó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito, en un acto denominado Logros y Retos 2022-2025, en el que se dio cuenta del trabajo en el ámbito jurisdiccional.

Asistieron los nueve jueces de la CC, las principales autoridades de la Función Judicial, entre ellos, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román Márquez; de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, entre otros, los titulares de la Defensoría Pública, Ángel Torres Machuca, y César Córdova, de la Defensoría del Pueblo, que llevan prorrogados varios años en sus funciones.

Además de académicos y jueces como Iván Saquicela Rodas, expresidente de la CNJ.

Ahí, el presidente de la Corte, Alí Lozada Prado, hizo una evaluación del trabajo del organismo y su intervención en sostener la democracia en medio de las crisis políticas, como la disolución de la Asamblea Nacional en mayo del 2023.

Indicó que en ese periodo la CC fue el «árbitro de la democracia en un contexto extraordinario», en el que debían calificar la constitucionalidad de los decretos leyes que proponía el expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza.

«La Corte respetó los límites institucionales por el principio de separación de funciones. Jamás ingresó en consideraciones políticas, sociales o económicas, sino que se restringió a señalar desde el punto de vista jurídico los límites de la Presidencia de la República en ausencia de la Asamblea Nacional. Es decir, a velar porque el sistema de frenos y contrapesos funcione adecuadamente. La contribución de la Corte se sumó a superar una crisis política grave y con cauces institucionales», dijo.

A las autoridades que forman parte de la Función Judicial les habló de la amplia jurisprudencia enmarcada en la «desnaturalización de las garantías jurisdiccionales», en la que detectaron el abuso del derecho por parte de abogados litigantes y calificaron el error inexcusable de muchos jueces, que en ciertos casos los expedientes se enviaron a la Fiscalía General por indicios del delito de prevaricato y dolo.

«Entre los casos de desnaturalización de las garantías jurisdiccionales destacan algunos, especialmente groseros. Utilizar garantías jurisdiccionales para exigir que se acepte un cheque a un banco para un pago; para declarar la prescripción extraordinaria de dominio de un bien; y, en otros casos, la desnaturalización sirvió para buscar la impunidad de personas procesadas o condenadas por delitos graves. Todo ese bagaje jurisprudencial ha sido sistematizado a fin de que sirva de insumo para el diseño reflexivo y crítico de reformas al sistema de garantías jurisdiccionales con miras a fortalecer, es decir, a lograr que cada vez estas sirvan más para la tutela de los derechos y no para satisfacer intereses repugnantes», subrayó Lozada.

La vicepresidenta de la CC, Carmen Corral, también hizo un diagnóstico de lo actuado en estos cinco años de funciones de los nueve magistrados.

Por ejemplo, que en el 2019 recibieron 10.000 causas pendientes, entre ellas, desde la Constitución de 1998. A la actualidad están en sustanciación 1.600 causas y en admisión, 700.

Para ello, ayudó tratarlas en orden cronológico y como una política de ‘cero corrupción’ que el sistema de sorteo sea automatizado y no manual, para evitar la manipulación de los procesos.

Corral expresó también su preocupación por la corrupción presente en el aparataje estatal.

«En estos días, cuando vemos con vergüenza que la corrupción ha llegado con sus tentáculos a las más altas esferas de la Función Judicial y organismos estatales y vemos perplejos los casos Metástasis y Purga, quiero destacar la importancia moral y ética con la que deben contar las personas que conforman las instituciones del Estado. Que estos remezones sean una verdadera purga y limpieza para lograr una justicia comprometida y eficiente, en donde primen los valores de justicia y honestidad y no los de enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias. Que esta purga alcance a todos los rincones del Ecuador», manifestó Corral.

El silencio se apropió de la sala, ante la mirada fija y discreta de las altas autoridades de la Función Judicial que estaban sentadas en las primeras filas.

A Lozada le llamó la atención que en el tratamiento de las acciones extraordinarias de protección que llegan a su sede observaron que, en el 2023, de cada 100 sentencias provenientes de la justicia ordinaria, la Corte encontraba 34 que vulneraban derechos fundamentales.

«Esto es casi el 10 % más de lo que ocurría en el año 2022. Esto implica que la admisión de casos ha mejorado, se ha racionalizado y corregido injusticias sufridas por la ciudadanía».

Como parte de este pleno se declaró al 2024 como el ‘Año de la igualdad en todas sus dimensiones, con énfasis en la igualdad de género’, cuyo compromiso es el de adoptar políticas justas e inclusivas. (I)